El traslado y remoción de unos 20 funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que daban apoyo a las Fiscalías Anticorrupción generó diversas reacciones y hasta críticas.
La primera en denunciar el hecho fue la procuradora Kenia Porcell, quien dijo estar extrañada con la medida, sobre todo cuando el actual director de la institución, el comisionado Manuel Castillo, conoce la ley porque ya estuvo de director de la DIJ en el periodo 2012-2014 en la administración del ex presidente Ricardo Martinelli.
Porcell indicó que removieron personal que era de confianza de las fiscalías y enviaron a unos nuevos que son desconocidos para el Ministerio Público, lo que es inexplicable y más cuando las investigaciones de corrupción son muy delicadas y requieren de confianza, reserva y muchos controles de seguridad.
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En un comunicado el Ministerio de Seguridad, a cargo de Rolando Mirones, informó que La Policía Nacional tenía un equipo de 18 personas asignadas al Ministerio Público, solo se enviaron cuatro personas de vacaciones; es decir, los 14 policías investigadores restantes fueron sacados de la oficina en la que laboraban, les bloquearon el acceso al trabajo sin explicación sustentada, una acción que impidió a las nuevas autoridades conocer la información policial y los antecedentes de todo lo que hicieron por 5 años los policías asignados al Ministerio Público.
La procuradora Porcell indicó que la información de cualquier investigación es reservada y el funcionario no puede ni debe revelarla porque incurre en una violación a la ley.
La Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, en su artículo 9 señala que los miembros de la entidad no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención.
. Rolando Mirones, ministro de seguridad, Mientras que en el artículo 10 se indica que los miembros de la Dirección de Investigación Judicial y cualquier miembro de los servicios de policía habilitados por el Ministerio Público para funciones de investigación judicial, según corresponda, acatarán las órdenes que se les imparta en la respectiva investigación penal.
Los miembros de la Dirección de Investigación Judicial y los miembros de los servicios de policía habilitados en funciones de policía de investigación judicial no podrán revelar la información recibida como consecuencia de sus actuaciones, incluso a sus superiores jerárquicos.
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La infracción a esta prohibición será sancionada disciplinariamente y de forma inmediata, de acuerdo con el Reglamento Interno, sin perjuicio de las correspondientes sanciones penales a que haya lugar. Cuando la falta haya sido señalada por un agente de instrucción o cuando esta afecte el curso de alguna investigación o consista en el incumplimiento de una orden de algún agente del Ministerio Público, el trámite disciplinario se pondrá en conocimiento de dicha institución, así como la decisión tomada.
En el comunicado del Ministerio de Seguridad señala “somos respetuosos de la ley, aclaramos que en la Policía Nacional se realizó una acción de personal y se envió los reemplazos capacitados, con idoneidad y expertos en investigación”.
La procuradora Porcell denunció la remoción de una mayor que era la encargada de la coordinación de las investigaciones policiales asignadas por el Ministerio Público, ante este hecho el Ministerio de Seguridad explico que “No se ha desmantelado ningún organismo de investigación. La unidad femenina de la Policía Nacional que se designó para dirigir el equipo de la Policía Nacional, asignado al Ministerio Público, es una oficial de investigación graduada en Chile, ha trabajado en narcóticos, en la DIJ, en el Dirección de Investigación Policial y es personal operativa”.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo señaló que fue informado por el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, de que los agentes de la DIJ asignados a funciones de apoyo en investigación judicial en el Ministerio Público tenían cinco años que no tomaban vacaciones, lo que es un derecho constitucional de todo servidor público.
“El que diga que se está desmantelando a la DIJ es falso y está mintiendo” indicó Cortizo Cohen, quien reiteró el respaldo del Ejecutivo a las funciones de la institución y del Ministerio Público.
