Han pasado cuatro meses desde que se registró el sonado caso de posible enriquecimiento injustificado de la exministra Alma Cortés.
Ella estuvo 14 días en detención preventiva y consignó una fianza de excarcelación de 300 mil dólares.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción lleva la investigación y hasta el momento el caso avanza lento y, al parecer, los auditores privado que efectuaron la auditoría de los bienes de Cortés no se han acercado a sustentar sus cifras.
Las cifras
La auditoría de la Contraloría remitió el pasado 7 de junio al Ministerio Público (MP) el resultado de una auditoría que calculó en 2.5 millones de dólares el posible enriquecimiento injustificado de la exministra de Trabajo.
El informe oficial de auditoría especifica que Cortés canceló un apartamento valorado en 144 mil y una casa de playa en San Carlos por 255 mil, durante el período del 1 de julio de 2009 al 31 de mayo de 2015. También reveló que Cortés obtuvo una propiedad por 360 mil y otro apartamento valorado en 154 mil dólares.
Hasta el momento la Fiscalía se mantienen en la diligencia que tiene que ver con las repreguntas que hace la defensa a los auditores de la Contraloría.
Los implicados
En este caso también están acusados Osiris Michelle Herrera, exfuncionaria del Mitradel quien tienen medida cautelar de país por cárcel y notificación, y el abogado Darío Magdaleno, quien presentó un certificado médico y posteriormente se acogió al artículo 25 de la Constitución de no declarar en su contra.
La auditoría de Contraloría menciona a Moreno Magdaleno como el que controlaba a un grupo de personas jurídicas que a lo largo del informe aparecen como intermediarias o facilitadoras de cuentas bancarias que sirvieron para pagar tarjetas de crédito y adquirir bienes que pararon en manos de la exfuncionaria.
La presidenta encargada de Cambio Democrático también es investigada en el caso relacionado al pago de viáticos para un viaje oficial a Ginebra, Suiza, en el año 2011 y que debe rendir indagatoria el próximo 14 de noviembre en la Fiscalía de Descarga Anticorrupción.
Por: Carolina Sánchez