Un Juez de Cumplimiento extinguió hoy la pena a uno de los condenados por el envenenamiento masivo que provocó un jarabe tóxico, distribuido hace más de una década por el seguro social de Panamá, informó el Órgano Judicial (OJ).
La Juez de Cumplimiento, Irma Arosemena, en un audiencia tomó esta decisión tras realizar el cómputo matemático del tiempo en que Ignacio Torres Echeverría, condenado a 18 meses de prisión, cumplió su reporte periódico ante el Segundo Tribunal de Justicia.
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Arosemena analizó igualmente el tiempo que le favorece a Torres por la restricción de salida del país, y 'dicho cálculo total ha superado en exceso la pena' que le fue impuesta, señaló el OJ.
Por su parte, la representante de la Fiscalía de Descarga de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público (MP), Roxana Hernández, anunció que apelará la decisión, al estimar que no fue debidamente computado el reporte de la medida cautelar.
Hernández explicó que a Torres en su momento se le varió el reporte de una vez a la semana por dos al mes, y también expresó su disconformidad por tomarle en cuenta el tiempo de prohibición de salida del país.
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La Juez dijo que la audiencia para resolver el recurso del MP se realizará en el Tribunal de Apelaciones el próximo 23 de marzo.El 11 de abril de 2017, la Sala Penal del Supremo panameño, constituido en Tribunal de Apelaciones, revocó la decisión del Segundo Tribunal que absolvió a Torres.
En su lugar, la Sala Penal condenó a Torres a 18 meses de prisión y a la inhabilitación de funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal, recordó el OJ.El envenenamiento, que se dio por un jarabe con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.
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El caso dio un inesperado giro en abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector de la estatal Caja del Seguro Social (CSS) René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.
El máximo tribunal decretó además en abril pasado la 'inmediata detención' de todos los implicados que habían sido absueltos, y endureció las penas a un empresario y a cuatro funcionarios de rango medio que sí fueron condenados en primera instancia.
En la sentencia original, dictada en julio de 2016 e invalidada después por el máximo tribunal, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.
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La historia se remonta al 2003, cuando la CSS compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, el seguro social elaboró un jarabe para la gripe que resultó no ser apto para el consumo humano.
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Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del 'jarabe de la muerte', pero no fue hasta el 2006 cuando se identificaron los primeros casos de envenenamiento.
Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.
Fuente: EFE
