La prohibición de salida del país, la suspensión del ejercicio funciones públicas y el reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, fueron la medidas cautelares personales, que decretó el juez de Garantías de Panamá Oeste, Carlos Fajardo, a una funcionaria del Ministerio Público por el delito contra la administración pública (concusión), la tarde de este jueves 7 de febrero de 2019, en la instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste.
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El Ministerio Público solicitó el recurso de apelación por la medida cautelar de reporte periódico los 15 y 30 de cada mes decretada por el juez de Garantías y la misma quedó fijada para el día 13 de febrero a las 10:00 am., en las instalaciones del SPA de Panamá Oeste.
Previo a la imposición de las medidas cautelares personales, el Tribunal de Garantías, legalizó una operación encubierta y la aprehensión, también dio por presentada la imputación por el delito contra la administración pública (concusión) y como medida cautelar personal decretó el reporte periódico e impedimento de salida del país y la separación del cargo a una fiscal adjunta del Ministerio Público(MP) de la provincia de Panamá Oeste.
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El juzgador basó su decisión, en que la medida es proporcional a los hechos, la imputada no actuó con ética y no lo hizo apegada a las normas, se perjudicó a la administración de justicia y existe la posibilidad de que pueda afectar los medios de prueba siendo funcionaria del Ministerio Público.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Anticorrupción, Jacinto Pérez Domínguez y Tania De Gracia Vázquez, quienes peticionaron al Tribunal de Garantías, que se legalizara la aprehensión, y se formulara imputación por el delito contra la administración pública (concusión), y además que se decretara la detención provisional, la separación del cargo e impedimento de salida del país a un funcionaria del MP.
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Los fiscales Anticorrupción argumentaron en su intervención, que el abogado Edgardo Reeder acude a poner la denuncia ante la fiscalía Anticorrupción, en la cual una fiscal adjunta de Panamá Oeste, llevaba un caso por el delito de violación y le propone al abogado del indiciado por este delito, que le practicarían un aborto a la menor víctima del delito y que el costo sería de 600 dólares es por ello que mediante un operativo encubierto se da con la aprehensión de la imputada cuando se le hacía la entrega de un sobre con el dinero acordado en las instalaciones del Ministerio de Panamá Oeste, hecho ocurrido la noche del 5 de febrero de 2019.
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Por parte de la defensa, participó el abogado particular, Humberto Mendoza Castillo, quién se opuso a la legalización de la aprehensión y peticionó al Tribunal de Garantías, que se le concediera arresto domiciliario o el reporte periódico a su representada, debido a que tenía un hijo en periodo de lactancia, ya que de ingresar a un centro penitenciario se pondría en peligro su vida por el cargo que desempeñó como fiscal adjunta.
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Este hecho ocurrió la noche del 5 de febrero de 2019, cuando mediante un operativo encubierto por parte de la fiscalía Anticorrupción, se aprehendió a un funcionaria del MP por el presunto delito contra la administración Pública, en las instalaciones de Atención Primaria del MP, en Panamá Oeste. Órgano Judicial.
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