La resolución protocolar que otorga una licencia para que el diputado que también sea abogado pueda ejercer el derecho sigue generando el rechazo de la sociedad civil.
Y es que se conoció que al menos tres diputados, entre ellos la perredista Zulay Rodríguez, del circuito 8-6; el panameñista Luis Barría, del circuito 8-9; y el perredista Ricardo Cerezo, del circuito 3-1, son litigantes activos.
Para el catedrático y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, el ejercicio paralelo de ambas funciones puede generar graves conflictos de intereses, porque las funciones desarrolladas por un diputado o diputada abarcan e inciden forzosamente las de los otros Órganos del Estado, al momento de aprobar leyes, ratificar nombramientos o emitir votos de censura.
El numeral 4 del artículo 158 de la Constitución 'prohíbe a los diputados la suscripción de contratos, por sí mismos o por interpuestas personas, con entes públicos; con la excepción del caso de los diputados que actúan en ejercicio de la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia, para separarse del cargo, previamente concedida por el pleno de la Asamblea Nacional'.
En su momento, la diputada independiente Ana Matilde Gómez rechazó esta resolución. 'No creo que una persona que decide correr para una diputación tenga tiempo para litigar o presentarse en los tribunales y cumplir con las funciones legislativas', expresó.
