Panamá cerró el 2024 con un escalofriante récord de 581 homicidios, según cifras de Mi Diario, superando con creces las cifras de los últimos 10 años. Este aumento desenfrenado de la violencia ha dejado a la población en un estado de miedo e incertidumbre, mientras la seguridad sigue siendo un tema en constante debate. (Ver gráfica).
El mes de diciembre culminó con al menos 46 asesinatos, siendo el último registrado la misma noche del 31. En un brutal ataque en vísperas de Año Nuevo, Samir Gómez, de tan solo 19 años, fue acribillado a tiros en Colón, mientras compartía con amigos frente a su residencia en el corregimiento de Cativá. Este hecho cerró un mes sangriento, reflejo de un año plagado de violencia extrema.
Cifras que estremecen
El desglose mensual muestra un panorama devastador: enero (42), febrero (62), marzo (42), abril (37), mayo (46), junio (64), julio (54), agosto (59), septiembre (49), octubre (46), noviembre (34) y diciembre (46). En las regiones más afectadas, Panamá, San Miguelito y Colón encabezan la lista con más de 100 homicidios cada una, consolidándose como las zonas más peligrosas del país. (Ver gráfica).
El rostro de las víctimas
De los fallecidos, 533 son hombres, 47 mujeres y 1 caso aún sin determinar. Los métodos utilizados evidencian la magnitud del problema: 467 asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, un indicador claro de un mercado negro de armas que sigue fuera de control. Otros métodos incluyen armas blancas (54), objetos contundentes (16), asfixia mecánica (12), y un caso calcinado, mientras que 31 permanecen sin clasificar.
¿Es suficiente una nueva megacárcel?
El presidente José Raúl Mulino ha prometido una “lucha frontal” contra el crimen organizado, con la construcción de una nueva megacárcel como piedra angular de su estrategia. Sin embargo, expertos advierten que la solución no llegará únicamente con medidas represivas.
Para el psicólogo César Garzón, el trabajo integral en la sociedad debe incluir un plan de educación inclusiva que prevenga la deserción escolar, ya que “un modelo basado en el castigo solo perpetúa las consecuencias que vemos actualmente”. Además, enfatiza que la preocupación del gobierno central debe estar respaldada por políticas de Estado en estas áreas, involucrando a autoridades locales y líderes comunitarios.
Otras voces más radicales sugieren la implementación de un plan deportivo concreto, utilizando recursos destinados a “botellas” y promotores sin oficio para financiar a entrenadores deportivos sociales que puedan desarrollar habilidades entre los jóvenes. Algunos sectores incluso consideran que, para jóvenes en riesgo o conflicto con la ley, un modelo de educación militar podría ser útil. “Hay padres que reconocen que ya no saben qué hacer con sus hijos”, afirman.
Otro enfoque señalado es el impulso de planes de emprendimiento comunitario que brinden herramientas para generar nuevos ingresos, promoviendo la autosuficiencia y el desarrollo local.
Más allá del castigo: soluciones integrales
Los profesionales destacan que el abordaje debe incluir psicólogos, educadores y trabajadores sociales que trabajen directamente con las comunidades más afectadas, promoviendo salud mental, educación y oportunidades económicas. Además, el desempleo y los problemas intrafamiliares son identificados como focos clave en el aumento de la inseguridad.
Panamá enfrenta un desafío monumental. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las promesas de cambio no se queden en palabras, sino que se traduzcan en acciones reales para combatir la violencia desde sus raíces.