La justicia panameña enfrenta una sombría cadena de crímenes contra adultos mayores, con dos casos que han sacudido al país. En Colón, Nairoby Vergara Hall fue sentenciada a 25 años de prisión por el brutal asesinato de un hombre de 62 años. Mientras tanto, en Los Santos, otra mujer continúa detenida provisionalmente tras ser acusada de maltratar a 10 ancianos y usar indebidamente sus tarjetas bancarias.
Asesinato en Punta Azul: el caso que marcó a Colón
El 14 de junio de 2021, David Zurita Peñuela, un veterano de guerra de 62 años, fue hallado muerto en su hogar en Punta Azul, Colón. La escena del crimen era aterradora: múltiples heridas de arma blanca marcaban el cuerpo de la víctima.
Según testigos, Nairoby Vergara Hall fue la última persona en ingresar a la vivienda, y las investigaciones apuntaron a un móvil de robo, ya que Zurita había recibido un préstamo bancario días antes de su asesinato.
Tras un juicio oral que duró dos días, el fiscal José Leiva Alfonso presentó pruebas contundentes que llevaron al jurado a declarar culpable a Vergara Hall de homicidio doloso agravado. La sentencia no solo incluye 25 años de prisión, sino también una inhabilitación para portar armas por el mismo período tras cumplir su condena.
Terror en Los Santos: maltrato y abuso financiero
En un caso paralelo que ha provocado indignación nacional, una mujer en Los Santos enfrenta detención provisional por presuntamente maltratar a 10 adultos mayores y apropiarse de sus fondos mediante el uso indebido de tarjetas bancarias.
Entre septiembre de 2023 y abril de 2024, la acusada administró un albergue clandestino en el distrito de Las Tablas, donde alojaba a ancianos de entre 68 y 88 años en condiciones deplorables e inhumanas. Sin permisos legales ni las mínimas medidas de cuidado, los ancianos sufrirían abandono y negligencia.
Además, las investigaciones revelaron que la imputada utilizó las tarjetas de débito de una de las víctimas sin autorización, lo que agravó las acusaciones en su contra.
En una audiencia reciente, el Tribunal Superior rechazó un recurso de Habeas Corpus presentado por su defensa, al considerar que los riesgos procesales eran demasiado altos para concederle libertad.
