Este miércoles 15 de agosto el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá,Adrían Hernández decretó como medida cautelar personal, el arresto domiciliario y permiso para laborar,según el artículo 231 del Código Procesal Penal, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en perjuicio de la sociedad, a una funcionaria de la Contraloría General de la República, a quien se le encontró la suma de más de 87 mil dólares en efectivo, durante un allanamiento en su residencia en
Villa Zaita, Las Cumbres.
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Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público (MP), la cual quedó agendada para el 21 de agosto a las 2:30 de la tarde.
El juez basó su decisión en que la imputada cuenta con arraigos domiciliario y familiar, que tiene dos hijas menores de edad y que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para comprobar que la imputada tenía conocimiento de que ese dinero provenía del narcotráfico, de que estaba oculto en su casa y de que iba ser trasladado en un vehículo.
Previamente, el juez legalizó la aprehensión, y dio por presentada la imputación , luego que el fiscal Leonel Urriola, y de que la defensa particular, Mark Lowe, expusieran sus alegatos.
También se atendieron durante la audiencia otras solicitudes como la legalización de bienes incautados y la aprehensión del dinero.
De acuerdo a la defensa privada, el abogado Lowe, su representada desconocía del dinero que fue encontrado en la residencia e hizo alusión a que la pareja de la hoy imputada, fue aprehendido el pasado 17 de junio en el operativo 'Cami Case', donde se encontraron 87 paquetes de cocaína y debió hacerse el allanamiento dentro de esa casa para esa fecha y no ahora.
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Al momento de hacer sus alegatos, el fiscal hizo un recuento indicando que el pasado lunes 13 de agosto de 2018, mediante informes de vigilancia y seguimiento, el Ministerio Público (MP) realizó un operativo, a través de la Fiscalía Superior en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional (PN), donde sedecomisaron 87 mil 640 dólares, en un allanamiento en una residencia en el sector.
Fuente: Órgano Judicial
