Este miércoles, 7 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Diego Fernández (presidente), Yiles Pittí y Karolina Santamaria, reformó la medida cautelar de arresto domiciliario aplicada por una juez de Garantías, y autorizó los permisos para estudios universitarios y asistir a citas médicas, a la joven Eneida Posada, de 18 años de edad, imputada por el presunto delito de homicidio culposo, hecho ocurrido el pasado 26 de julio, en la vía Centenario, frente a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
El Tribunal de Apelaciones explicó que cuando terminen las clases y asista a las citas médicas, debe regresar al domicilio.
Añadió el Tribunal, que le corresponderá a un juez de Garantías regular los permisos que se mencionaron (horario, cursos, calendario)y en el momento de que falte, se pueda imponer una medida de mayor gravedad.
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Agregaron los magistrados que esta medida tiene que ser vigilada y controlada por el Ministerio Público, que estuvo representado por Josue Murillo, y por los querellantes Ramiro Araúz y Abdiel González. En ese sentido quedó agendada para el viernes 8 de noviembre, a las 8:00 a.m. en la sala 7 la audiencia de garantías.
A esta decisión unánime llegaron los magistrados luego de analizar la sustentación de apelación hecha por el defensor particular Jaime Abad, así como los argumentos de oposición del representante de la Fiscalía y del querellante.
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El abogado Jaime Abad, en la sustentación de la apelación, pidió revocar la decisión de la juez de garantías y conceder el permiso escolar y la oportunidad de controles médicos debidamente acreditados como el psicológico y cardiológico en favor de su representada, además de que se trata de un delito de homicidio culposo simple, cuya pena mínima es de 3 años, de ser declarada responsable del hecho.
Abad explicó que no había agravantes, porque la joven no estaba bajo los efectos del alcohol, ni se dio a la fuga. 'Fue un accidente', reiteró.
El fiscal Murillo solicitó que se mantuviera la decisión de la juez de Garantías, del arresto domiciliario, porque existe peligro de fuga, dada la naturaleza del hecho, y que es proporcional.
Igualmente, el querellante además de realizar un recuento de los hechos, pidió a los magistrados confirmar la decisión de primera instancia, de mantener el arresto domiciliario, toda vez que no han variado las circunstancias.
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