El magistrado Jerónimo Mejía, que lleva adelante la audiencia de acusación del diputado del Parlacen y expresidente Ricardo Martinelli; y el magistrado Oydén Ortega, podrían ser reemplazados en cualquier momento, luego de que el Pacto de Estado por la Justicia reveló este miércoles los nombres de los sugeridos para ocupar los esperados cargos de magistrados que deben ser reemplazados, luego de que los aspirantes se sometieran a una serie de entrevistas.
Para la Sala Civil, que ocupa Ortega, el Pacto recomienda a:
Juan Francisco Castiilo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López Arias.
En tanto, para la Sala penal, que ocupa Mejía:
Luis Mario Carrasco, María Luisa Vigil de Laniado y Maruquel Catroverde.
La lista de los sugeridos debe entregarse formalmente al presidente de la República Juan Carlos Varela, quien ya manifestó que analizará los nombres y que él tiene la facultad de sacar su terna.
Sin embargo, tras el inicio de la audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli, que preside el magistrado Jerónimo Mejía, impartiendo docencia, han surgido voces que recomiendan que dejen a Mejía en el puesto para no atrasar el proceso.
Veremos qué decide el presidente Varela en este momento histórico, así como la sociedad civil, el Pacto de Estado por la Justicia e incluso los diputados.
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Por otro lado, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a través de un comunicado, informó que participó en todo el proceso llevado adelante por la Comisión de Estado por la Justicia para las entrevistas y evaluación de los profesionales propuestos por el Órgano Ejecutivo para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Este ejercicio de conocer a los juristas que está considerando el Consejo de Gabinete para el cargo de magistrados, conocer sus ejecutorias, trayectoria, competencias, habilidades, las eventuales denuncias y cuestionamientos ciudadanos sobre cada uno de ellos es una misión de servicio a la sociedad que la Comisión de Estado asumió con mucha responsabilidad.
Explican que fueron muchas horas de trabajo invertidas para presentarle al Consejo de Gabinete una responsable y mesurada recomendación, de tres juristas para la Sala Civil y tres para la Sala Penal, que no obedece a un debate sobre puntajes de pruebas de conocimiento y ejecutorias profesionales, sino un proceso de valoración y jerarquización sobre los niveles de confianza y credibilidad de los seleccionados.
Estamos claros que no hay método perfecto para la selección de los magistrados, pero son necesarios todos los espacios que permitan el escrutinio público y la participación ciudadana.
Nuevamente se confirmó, con esta experiencia, que es indispensable la participación de la ciudadanía responsable e independiente, si queremos hacer las transformaciones alejados de intereses de grupos particulares o partidistas.
Para este ejercicio ciudadano, Alianza Ciudadana Pro Justicia, consultó previamente con su asamblea de organizaciones y una decena de otras organización de la sociedad civil, a fin de escuchar la voz de esa ciudadanía que reclama una mejor administración de justicia', dice el comunicado.
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Por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, participaron en las entrevistas y la fase de evaluación los siguientes profesionales:
Rafael Candanedo, periodista y docente universitario, vicepresidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia; Olga de Obaldía, abogada, directora de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional; Maribel Jaén, socióloga, directora de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica; Ileana Molo, ingeniera, coordinadora de Afro Panameña Soy; Juana Camargo, socióloga, miembro de la directiva de Espacio Encuentro de Mujeres y Sonia Montenegro, administradora, directora del Centro de Incidencia Ambiental.
En momentos de crisis de credibilidad del sistema de justicia se requiere nombrar en la cúpula del poder judicial a juristas que no tengan vínculos con el Consejo de Gabinete y que no tengan tacha con respecto a su independencia, credibilidad y competencias para ocupar el cargo, pero, sobre todo, necesitamos nombrar a juristas comprometidos con los derechos humanos, la democracia y la reforma judicial'.
Y agrega:
En la lista de veinte juristas que está considerando el Órgano Ejecutivo hay quienes, aún con una trayectoria profesional interesante y conocimiento jurídico sólido, no cuentan con las experiencias suficientes ni con los años de ejercicio profesional particular o como funcionarios del sistema de justicia. Igualmente, encontramos a juristas muy vinculados al partido en el gobierno, lo que no ayudaría a fortalecer la imagen de independencia que hoy requiere nuestra administración de justicia.
Nos preocupan, también, esos candidatos que pertenecen al círculo de confianza de algunos magistrados del Corte Suprema de Justicia que no gozan de credibilidad. Algunos han sido señalados como personas con falta de temperamento e incondicionales de algunos magistrados actuales de la Corte.
El Consejo de Gabinete debe, antes de proceder al nombramiento, verificar esta información que le ha proporcionado la Comisión de Estado por la Justicia, al respecto de cada aspirante, ya que es su responsabilidad verificar cualquier elemento que pueda empañar los nombramientos.
Los abogados, funcionarios del Órgano Judicial y ciudadanos en general aún están a tiempo de enviar al Consejo de Gabinete sus comentarios y denuncias, en el caso de tenerlas, y que colaboremos todos en este proceso tan importante para la administración de justicia y la estabilidad democrática de nuestro país. Luego de su nombramiento y antes de su ratificación, igualmente existirá la oportunidad de participar en otra fase de consultas en la Asamblea Nacional, explica el documento.
Respaldamos el informe que la Comisión de Estado por la Justicia presenta hoy y exigimos que tanto el Órgano Ejecutivo como el Órgano Legislativo dejen a un lado la pugna política y le permitan al país contar cuanto antes con dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia', dice a Alianza Ciudadana Pro Justicia.
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REDACCIÓN MI DIARIO / WEB