Una sentencia condenatoria para 28 de personas acusadas por la comisión del delito contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales, entre ellos, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, cofundadores de la extinta firma forense Mossack Fonseca y la sentencia absolutoria para 4 personas, solicitó la Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, al finalizar con los alegatos de conclusión el quinto día de audiencia ordinaria en el caso conocido como Lava Jato.
Soto explicó que de las 28 personas que se solicitó la sentencia condenatoria, 5 fueron en calidad de autor, 4 como cómplices primarios y 19 como cómplices secundarios.
Detalló que la sentencia podría ir de 5 a 12 años, como lo estipule la juez, dependiendo de los agravantes por ser autores o cómplices del delito.
Entre los señalados en calidad de autores están Mossack y Fonseca Mora.
La sentencia absolutoria la pidió para Isabel Fonseca Franco, Hilda Soto, Marisabel Robles y Reina Chong, por considerar que en el expediente no hay suficientes elementos para vincularlas con el delito investigado.
La fiscal Isis Soto continuó con la vinculación de personas de cargos de dirección y gerencial de la firma de abogados que presuntamente prestaron ayuda para impedir se conociera el origen de la titularidad de los bienes que procedían de una actividad ilícita, y la vinculación del jefe del Departamento de Cómputo de la firma de abogados para ocultar información y extraerla sobre la investigación de Lava Jato, ya que asegura que tenía la capacidad de borrar y modificar información con el consentimiento de los socios mayoritarios del bufete.
También recalcó la vinculación de 16 personas que hacían función de directores nominales, quienes se dedicaban no solo a firmar documentos en blanco de cuentas bancarias, ayudando a la comisión del blanqueo de capitales.
De acuerdo a la fiscal Soto, se crearon estructuras para encubrir los beneficiarios finales de bienes, que eran personas políticamente expuestas y finalizó aseverando que el Ministerio Público obtuvo información legalmente veraz por parte de la República Federativa de Brasil y de la propia base de datos de la firma de abogados y todas esas constancias se encuentran en los 218 tomos de la investigación que dan cuenta de la participación criminal de los acusados para los cuales se ha solicitado una sentencia condenatoria.
En su alegato final la fiscal Soto indica que la investigación no nació de un capricho del Ministerio Público, sino por hechos noticiosos de la información que estaba siendo investigada en Brasil.
El Ministerio Público sostiene que en esta investigación, iniciada en 2016 se lograron establecer elementos que se recabaron de las asistencias judiciales internacionales de la República Federativa de Brasil, en los que se pudo establecer los delitos precedentes al blanqueo de capitales; además, cuentas bancarias abiertas en Panamá y la trazabilidad de los fondos que vinculaban a un bufete de abogados en el país que se dedicaba a la creación de sociedades anónimas que supuestamente tenían como objetivo la movilización de estos fondos ilegales.
Se informó que la audiencia continúa este lunes 3 de julio de 2023, ya que ahora le corresponde al con los alegatos de la defensa.
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