Volvieron a hablar, pero esta vez con contundencia y con la esperanza de que sus reclamos de justicia sean escuchados a nivel nacional e internacional.
Se trata de un grupo de víctimas (35 de momentos, pero podría incrementarse) que durante años sufrieron vejámenes cuando estuvieron albergados en las Aldeas Infantiles SOS en Panamá, en ese entonces bajo la dirección de SOS CVI/SOS Childrens’s Villages International.
Rogelio Samudio, abogado de las presuntas víctimas, detalló que los afectados demandaron por la vía civil ante los tribunales de justicia la reparación económica por los daños psicológicos, físicos, materiales y morales. Explica que en ese momento eran niños/as y adolescentes, y aunque los administrativos del hogar de acogida tenían los reportes y denuncias, no accionaron para que los victimarios fueran procesados.
“Durante estos 3 meses de presentadas las demandas, las mismas se encuentran repartidas en los 18 juzgados de circuito civil y están en etapa de calificar su admisión, sin embargo, pueden ser objeto de corrección de la demanda o incluso de no admitirse. Es importante señalar que algunas ya fueron admitidas, a otras se les ordenó corrección, pero hay varias por las que no se han pronunciado los tribunales”, expuso Samudio en conferencia de prensa efectuada la mañana de este miércoles 16 de noviembre y donde estuvieron los afectados.
Acotó que en los próximos días podrían ser presentadas nuevas denuncias.
“Existen 27 presuntas víctimas recientes y en los próximos días serán interpuestas nuevas denuncias, señaló.
El representante de las víctimas informó durante la conferencia que el pasado 18 de octubre recibieron una nota firmada por Bettina Knoetzl, en representación de SOS CVI / SOS Children’s Villages International, donde reconoce la posibilidad de fallas históricas cometidas en los años en mención, por lo que ofrecen ayuda y terapia psicológicas a las víctimas, lo que es un reconocimiento a lo que se denuncia. Sin embargo, el abogado declaró que no pueden limitarse a la ayuda psicológica, pues los daños van más allá y se requiere una reparación, con la cual, estos/as ex participantes pueden compensar ese pasado que afectó su vida productiva.
Añade que ellos (los demandantes) en respuesta a la nota hicieron una propuesta de resarcimiento en materia de salud, educación, vivienda, emprendimientos individuales y atención psicológica, pero siguen en espera de una respuesta a la misiva.
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En la conferencia de prensa de este miércoles, una de las víctimas expuso: “Para nosotros, volver hablar de este tema ha sido muy difícil, y digo volver porque nosotros hablamos siendo niños, denunciamos buscando protección y fuimos escuchados, pero nadie hizo nada para defendernos y siguieron ocurriendo los abusos”.
Asegura que denunciaron luego de que una víctima en Austria habló de lo que ocurrió en su niñez en el albergue de Panamá y sentía que debían contar lo sucedido para que no se vuelva a repetir y los testimonios de los niños sean escuchados y no sean víctimas desprotegidas.
“El dinero nunca podrá reparar los daños y las consecuencias que esos abusos nos causaron. Sin embargo, nos permitirá alcanzar para los nuestros lo que a nosotros no se nos brindó: cuidado, amor, protección, educación y salud”, dijo otra de las víctimas.
La actual junta directiva de las Aldeas Infantiles dio su respaldo a las posibles víctimas. Dejó claro que en los últimos 20 años la institución es un referente en el cuidado y la protección de los derechos de niños y adolescentes que allí están. Importante respaldo de Aldeas SOS Panamá
Domingo E. Barrios III, presidente actual de la Junta Directiva de la Asociación de Aldeas Infantiles SOS de Panamá, quien estuvo presente en la conferencia, comentó a título personal y en representación de dicha junta directa, manifestó que se debe garantizar el debido proceso y proteger los derechos y garantías de todos los panameños involucrados en estos casos de fallas históricas ocurridas entre 1982 y 1992, cuando los programas de Aldeas Infantiles SOS en Panamá, Penonomé y David eran administrados directamente por personal extranjero expatriado y enviado por SOS CVI / SOS Children’s Villages International, bajo la dirección nacional de la Sra. Reinhilde Moncayo Monsberger, quien era a su vez, cónsul honoraria de Austria en Panamá.
Acotó que se pudo usar esta influencia para proteger su posición y presuntamente ocultar las situaciones de desprotección ocurridas, mientras eran conocidas por el Sr. Helmut Kutin, presidente vitalicio de SOS CVI / SOS Children’s Villages International; el Sr. Enrique Müller, ex director regional de Latinoamérica; el Sr. Otto Broniman, ex director regional de Centroamérica y casi una docena de directivos y altos dignatarios de las oficinas centrales de SOS CVI / SOS Children’s Villages International en Innsbruck, Austria.
“A pesar del presunto conocimiento que tenían estas autoridades sobre lo que estaba ocurriendo con decenas de niños desde 2 años de edad hasta adolescentes en la República de Panamá, los cuales, en reiteradas ocasiones hicieron las denuncias al Sr. Kutin y a los demás dignatarios internacionales, ninguna acción se tomó para notificar a las autoridades y denunciar a las autoridades las situaciones de desprotección que estaban tomando lugar dentro de los programas y mucho menos colocar a los victimarios a las órdenes de la justicia; sino que, se permitió que estos casos fueran recurrentes y participativos”, señaló Barrios III.
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Expuso la necesidad de resarcir a la posibles víctimas de cualquier falla histórica, al tiempo que dejó claro que en los últimos años esta entidad ha sido referente y sigue teniendo los mejores estándares de cuido y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en sus programas.
“De igual manera, como somos el movimiento más grande por los derechos de los niños/as, adolescentes y jóvenes, estamos comprometidos con apoyar las demandas de estas presuntas víctimas del pasado, que ameritan una reparación justa y debidamente exigida por el sistema de justicia de la República de Panamá”, acotó al tiempo que pidió a los jueces de los 18 circuitos donde se presentaron las demandas, a que se pronuncien sobre las mismas e inicie el debido proceso.
