Representantes de Uber en Panamá manifestaron que este lunes se presentaron a la Asamblea Nacional con la intención, según dijeron, de sumar su voz a la discusión legislativa alrededor del anteproyecto No. 175 con el cual se pretende afectar el servicio privado de movilidad prestado a través de plataformas digitales en Panamá y salieron molestos.
Y es que lamentaron que, aparentemente, no les dejaron expresar su sentir.
“Al igual que como sucedió en el momento de la elaboración de esta iniciativa, el día de hoy se nos negó la posibilidad de expresar nuestra posición. Esto deja en evidencia que el trámite que se le está dando al prohijamiento de este anteproyecto, refleja el espíritu de una propuesta que está lejos de tener al usuario como eje central de la conversación”, manifestaron los representantes de la plataforma a través de un comunicado.
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Consideran que esta iniciativa no sólo “busca regular de forma exclusiva a una empresa (a ellos), sino que además desconoce por completo la realidad de la comunidad de más de 280 mil usuarios que hoy forman parte de la comunidad de Uber, afectando principalmente su derecho a elegir cómo movilizarse y afectando la accesibilidad del servicio para todos. Tampoco contempla el impacto económico sobre más de 6 mil 800 familias panameñas que hoy tienen en la app de Uber generación de ganancias adicionales”. Aseguran que Uber no es el problema, sino parte de la solución.
“Rechazamos contundentemente este anteproyecto que ha sido elaborado sin permitir una consulta ciudadana y que atenta contra el servicio de Uber que conocemos hoy en Panamá. Siempre hemos estado en la mejor disposición de formar parte de un proceso de diálogo que tenga como objetivo una regulación moderna que permita la coexistencia entre diversas formas de movilidad, de la misma forma que hemos participado en múltiples procesos regulatorios en más de 132 jurisdicciones alrededor de todo el mundo”, dice Uber.
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Uber insta a la Asamblea Nacional y al Gobierno de la República a escuchar las múltiples voces. “Creemos que sí es posible encontrar en un marco normativo en el cual la innovación pueda desarrollarse con seguridad jurídica en Panamá y del que buscamos formar parte”, dijo.
En tanto, Víctor Castillo -Presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, manifestó que hay que revisar la concesión que se le dio a Uber para el cobro en efectivo hasta el 30 de septiembre.
Aseguró que las plataformas tienen el mérito de que han hecho que los taxis se vayan amoldando al sistema. “Hoy muy poco ven a un taxista en short, chancleta y camiseta”, dijo, por lo que analizarán una reglamentación para que no haya clandestinidad y mediarán para evitar conflictos entre taxis y plataformas digitales.