El Tribunal Electoral (TE), interpuso dos demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las reformas electorales aprobadas mediante la Ley 247 de 2021.
La primera demanda es contra los artículos 44 y 46 de la citada ley que tienen que ver con el financiamiento público preelectoral.
El TE plantea que lo aprobado contribuye a una inequitativa distribución del financiamiento público preelectoral entre los candidatos por libre postulación y los partidos políticos.
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La entidad en un comunicado informó que junto a la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusieron distribuir 15% para la libre postulación y 85% para los partidos políticos, con fundamento en tres criterios científicos relacionados con el respaldo popular previo, así como con la oferta electoral que representaron los candidatos por libre postulación. La Asamblea Nacional aprobó 7% y 93% respectivamente.
La segunda demanda es contra el artículo 308-I y está relacionada con el tema de la paridad de género en las postulaciones, y lo que se busca según el TE es eliminar una válvula de escape que le permite a los partidos políticos no cumplir con dicha paridad, lo que la hace ineficaz el mandato de la paridad.
