Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá emitió comunicado sobre el cierre del caso Odebrecht y asegura que la justicia está gravemente herida.
Hace señalamientos, advertencias y pide nombrar a magistrados independientes. Nadie se salvó ni el Ministerio Público, Órgano Judicial ni el Ejecutivo.
Órgano Judicial.
La corrupción contraataca y la impunidad es su arma por excelencia: las actuaciones de la administración de justicia en el país, tanto en la función de investigación y procesamiento del Ministerio Público, como la función de resolución del Órgano Judicial, arroja un balance negativo en los múltiples casos de corrupción para los cuales se abrieron causas judiciales y que generaron un breve período de esperanza en la ciudadanía.
Ese balance negativo, que incluye sobreseimientos inexplicables, anulaciones de pruebas, jueces interinos con historiales nefastos y otros, se corona con la decisión del Segundo Tribunal Superior de cerrar el tiempo de investigación del mayor esquema de corrupción en la historia del país: la actividad criminal de la empresa Odebrecht en Panamá.
Una decisión que cuestionamos y denunciamos desde el derecho procesal, por ser una causa que cumple de sobra los criterios de complejidad y porque no se trata solo de la impunidad de un caso acumulado, se trata del país en sí, el estado de derecho y la democracia. Ministerio Público. Ante esta decisión, la ciudadanía merece y quiere ver un Ministerio Público proactivo, valiente e independiente que tome todas las acciones correspondientes para: - Agotar la última instancia ante la Corte Suprema de Justicia; - Abrir nuevas causas a todos los sujetos involucrados en los esquemas corruptos y corruptores de Odebrecht durante las tres últimas administraciones gubernamentales y la multiplicidad de contrataciones que suman alrededor de 10 mil millones de dólares.
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La estrategia de acumular en una sola causa cientos de personas, empresas, delitos, ha sido selectiva y hoy infructuosa; no impide además que nuevas investigaciones sean abiertas en base a las nuevas pruebas, tanto las obtenidas por las asistencias judiciales, como las provistas por los periodistas del ICIJ y las que han surgido en otras jurisdicciones de la región, que no estuvieron incluidas en la causa acumulada y sobre las cuales no se puede alegar el fenómeno de doble juzgamiento.
Revisar los acuerdos de colaboración con Odebrecht, que deben perder vigencia jurídica habida cuenta la información falsa u omitida por la empresa y sus ejecutivos; y, dado que el acuerdo no ha dado el resultado que lo motivó: recuperar lo robado, conocer toda la verdad del mecanismo y la identidad de todos los funcionarios públicos involucrados, que el Ministerio Público revele todo su contenido y haga su alianza con la ciudadanía, no con los infractores.
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Órgano Ejecutivo.
La justicia está gravemente herida en el país, el cabal cumplimiento de la agenda de Reforma Judicial, planteada por el Pacto de Estado por la Justicia, sigue en espera; más grave aún, la Carrera Judicial sigue sin implementarse, al igual que el Tribunal de Integridad, por lo que no hay rendición de cuentas de jueces y magistrados por los fallos que generan impunidad.
Frente a la prerrogativa del Ejecutivo de nombrar tres nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, es crítico e impostergable que estos nombramientos no repitan los patrones de amiguismos y conflictos de intereses que nos han dado tantos jueces sin independencia. Para comenzar a recobrar la confianza ciudadana en la justicia, le solicitamos al Presidente Laurentino Cortizo que cumpla la palabra dada al firmar el #RetoTransparencia2019, e incluirlo entre las acciones prioritarias de su Plan de Gobierno, donde se comprometió a: “Nombrar magistrados y procuradores independientes sin nexos políticos, de negocios o familiares conmigo ni con ningún miembro de mi gabinete, con estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1999 de igualdad de oportunidades”.
Si queremos acabar con la impunidad, necesitamos a los mejores operadores de justicia: probos, independientes, con experiencia judicial y valientes ante la corrupción. El Ejecutivo puede ayudar a mejorar o puede seguir empeorando la independencia de la institución.
El imperio de la ley y el Estado de Derecho son dos de los criterios de medición internacional para calificar el riesgo de país. Exigimos además, investigación y responsabilidad para los investigadores y operadores de justicia que hayan ejercido deficientemente u omitido sus deberes legales, dolosa o culposamente. El profundo abismo social y de gobernabilidad que genera la impunidad es todavía más corrosivo que el generado por inequidad económica, porque la justicia es un servicio público básico que cuando no funciona, socava la democracia y la cohesión social.
