El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha solicitado una partida de $1.2 millones para indemnizar a la inmobiliaria Río Pinzón, S.A. por la expropiación de más de 76 hectáreas en el área de El Progreso, en La Chorrera, pero la solicitud ha sido suspendida por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La razón de la suspensión radica en que la empresa que reclama el pago no aparece como propietaria del terreno en el Registro Público, sino que figura el Banco Hipotecario Nacional como dueño.
Este terreno, que alberga a unas 4,400 familias (aproximadamente 21,000 personas), ha sido invadido desde hace más de dos décadas, y la indemnización forma parte de un largo proceso que busca legalizar las viviendas de los ocupantes. El ministro Jaime Jované explicó que la expropiación del terreno data del año 2000, mediante el Decreto Ejecutivo No. 88, y que la indemnización permitiría la legalización de los servicios básicos como agua y electricidad para las familias que habitan la zona.
Sin embargo, la falta de claridad sobre la propiedad del terreno ha generado dudas entre los diputados. La bancada independiente, representada por el diputado Jorge González, cuestionó cómo se puede indemnizar a una empresa que no es la propietaria registrada. Jované respondió que el Banco Hipotecario Nacional posee una parte del terreno, pero que el resto fue dado como garantía por Río Pinzón a la Caja de Ahorro. A pesar de ello, los diputados no quedaron convencidos y exigieron más documentación para comprobar la legitimidad de la indemnización.
Jaime Jované, Ministro del @miviotpma sustentó ante la Comisión de Presupuesto traslados de partidas por B/1.8 millones para indemnizaciones a instituciones privadas, reparación de vivienda y mejoramiento urbano, construcción de Techos de Esperanza, entre otros. #UnaNuevaAsamblea pic.twitter.com/wzhuWr7DCM
— Asamblea Nacional (@asambleapa) November 27, 2024
En un giro adicional, el diputado Betsarai Richards señaló que la falta de acción de los gobiernos locales para ejecutar el desalojo de la propiedad en su momento ha llevado al Estado a asumir los costos de la indemnización. Otros legisladores, como Osman Gómez, también expresaron su preocupación por por qué no se pagaron los montos adeudados en gobiernos anteriores.
Como resultado, la Comisión de Presupuesto suspendió el traslado de la partida y le solicitó al ministro Jované que en una próxima sesión entregue todos los detalles relacionados con la compra del terreno, el avalúo y los documentos que certifiquen la propiedad del mismo.
El monto total que se pretende indemnizar por este terreno alcanza los $12 millones, una cifra que sigue generando controversia debido a la falta de claridad sobre la situación legal del terreno y la responsabilidad de los gobiernos locales en el desalojo.
