La llegada de la fecha límite sin un acuerdo entre el Estado panameño y la transnacional Cobre Panamá, previsto para este miércoles 14 de diciembre, preocupa grandemente al sector empresarial, que una vez más se refiere al tema y hace un llamado a las partes para que logren un acuerdo donde todos ganen.
A través de su boletín semanal informativo, “La Cámara Opina”, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expuso este domingo 11 de diciembre que los últimos comunicados del Gobierno Nacional dejan más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo.
A través del Ministerio de Comercio (MICI), el Gobierno informa que de no lograrse un acuerdo con Cobre Panamá, a más tardar el 14 de diciembre, se procederá a adoptar medidas alternas, aunque no detalla cuáles serán estas medidas.
El comunicado del MICI expone también que solo se aceptará un acuerdo que sea justo para el pueblo panameño y consistente con los estándares internacionales.
Por casi un año se ha estado negociando un nuevo contrato, sin éxito. El Gobierno dio un ultimátum para alcanzar un acuerdo, el que vence este miércoles 14.Al reconocer las complejidades de este tipo de negociaciones, la Cciap reconoció su preocupación por lo que consideró “giro errático” que tomaron las negociaciones necesarias para formalizar el acuerdo anunciado al país por el presidente Laurentino Cortizo en enero del presente año.
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Acotó que en ese momento lo consideraron un hito importante para el país por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas, al igual que para las cuarenta mil familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad. Ello sin contar que la inversión de Cobre Panamá es la más grande que una empresa privada extranjera realiza en la historia de la nación.
Miles de panameños dependen de esta actividad económica, que tiene un gran impacto en el PIB del país.En ese sentido, reitera el pedido “urgente” de lograr acuerdos que sean justos para las partes, “de lo contrario corremos el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3.5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños”.
