Hace un año atrás se público la siguiente noticia sin imaginar que este homicidio sería el destape de unos de los escándalos más grandes que han ocurrido en Panamá.
La madrugada del sábado 7 de julio del 2018 en el Hotel El Panamá se registró un hecho que conmocionó a la administración y huéspedes al darse un crimen.
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Eduardo Alberto Calderón Ramos, de 36 años, murió en el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás luego que recibiera un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un trauma craneoencefálico.
Víctima. Eduardo Alberto Calderón Ramos. Se conoció que la víctima ingresó al hotel con un amigo, donde se hospedaron, y por razones que son investigadas sostuvieron una riña en la cual Eduardo se llevó la peor parte.
Una fuente policial indicó que el agresor ha sido investigado por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil.
La noticia dio mucho de que hablar porque no es tan común que una persona muera en un hotel, sobre todo en uno de los más reconocidos que hay en el país, pero cuando inician las investigaciones de este crimen sale a la luz una trama que dejó con los pelos de punta a muchos panameños.
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Escándalo
La tarde del domingo 9 de septiembre la Arquidiócesis de Panamá, a través del arzobispo Metropolitano José Domingo Ulloa, anunciaba que a raíz de que el nombre del párroco de una de las iglesias más reconocidas de esta institución panameña salió a resurgir en una investigación por el asesinato de un hombre en un hotel de la localidad el pasado 7 de julio, este sería separado de sus deberes.
El nombre del sacerdote salió a relucir, ya que fue el que pagó la habitación de hotel El Panamá donde ese fatídico 7 de julio amaneció muerto Eduardo Alberto Calderón, al parecer por una riña con su cuñado Hidadi Saavedra.
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Fue el propio Arzobispo Metropolitano José Domingo Ulloa, el máximo regente católico del país que llamó a una conferencia de prensa donde emitió el comunicado que leyó a los medios y a los que informó que no contestaría preguntas para no entorpecer el curso de la investigación, señalando solamente que la iglesia está colaborando con la justicia.
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El arzobispo José Domingo Ulloa dio a conocer la separación del párroco. Aquí les dejamos el 'Comunicado al país'
Hacemos de conocimiento general que un hermano sacerdote de la Arquidiócesis de Panamá ha sido separado de sus funciones como párroco, y de sus deberes como presbítero, mientras se realizan las diligencias correspondientes a un proceso judicial en el que ha sido mencionado.
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Hasta ese momento la iglesia Arquidiocesana no había sido informada de que existiera alguna acusación en contra del sacerdote, pero se tomó esa previsión para que la justicia realizara las investigaciones pertinentes relacionadas con el caso.
La Iglesia Católica -respetuosa del debido proceso- colabora en esta investigación que lleva la justicia ordinaria, a través del Ministerio Público.
En el caso que se amerite, siguiendo las directrices concretas que el Papa Francisco ha establecido y los protocolos emanados de la Conferencia Episcopal Panameña, se actuará en apego a la Ley y a los valores que nos rigen'.
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David Cosca era párroco de la iglesia de la Divina Misericordia, ubicada en Paitilla.Revelación sorprendente
Aunque la iglesia esa tarde no dio a conocer el nombre del sacerdote en la conferencia de prensa, el lunes 10 de septiembre Mi Diario revela una noticia que inmediatamente se volvió viral en todo Panamá, el nombre del padre separado de sus deberes presbísteros, es el David Cosca, párroco de la iglesia de la Divina Misericordia, ubicada en Paitilla.
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Hidadi, el único imputado por el homicidio de Eduardo Calderón, hecho ocurrido el 7 de julio del 2018 en la habitación N°47. Por el momento el sindicado por este homicidio de Hidadi Saavedra, quien asegura no recordar qué sucedió esa noche y se retiró en la mañana siguiente sin hacer ‘check out’ del hotel está detenido, y el 6 de agosto es el juicio oral, mientras que al padre Cosca el pasado el pasado 20 de junio se le imputó cargos por el supuesto delito de encubrimiento y aunque el fiscal Emeldo Marquéz solicitó las medidas cautelares de impedimento de salida del país y reporte periódico cada 15 días, el juez de garantías se la negó porque no es persona con antecedentes ni peligrosa.
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