Unos 46 menores fueron reubicados y mantienen medidas de protección en el marco de los casos de abusos sexuales y maltratos en albergues de Panamá, dijo una de las fiscales que investiga este escándalo.
“El Ministerio Público (MP) ha reubicado a menores de edad y dictado medidas de protección a favor de 46 niños dentro de las investigaciones que las fiscalías desarrollan”, explicó la Fiscal Superior de Familia, Katya Meléndez.
Aunque el escándalo de los albergues estalló en febrero pasado tras la difusión de un informe parlamentario, la fiscal Meléndez sostuvo que se han abierto desde “2017 a la fecha, unas 26 investigaciones relacionadas a la comisión de delitos” en estas casas de acogida que se encuentran bajo supervisión del Estado.
“Las irregularidades de carácter penal en albergues”, afirmó la funcionaria, “ya eran materia de investigación” en la Fiscalía antes de la presentación de un informe parlamentario, que detalla supuestos abusos sexuales y malos tratos a los menores al menos desde 2015.
Lo revelado al público por el informe generó una ola de indignación en Panamá, con constantes protestas callejeras para exigir justicia y castigo a los responsables, y duras críticas contra la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la encargada de supervisar los albergues en el país.
Meléndez detalló que la Fiscalía inspeccionó “todos” los albergues, un total de 57, y que hasta ahora en cuatro de ellos hallaron “situaciones de connotación penal y que están siendo investigadas en este momento”.
El documento parlamentario fue añadido a las investigaciones ya abiertas, sostuvo Meléndez.
Según los datos de la Fiscalía, hay seis personas imputadas por estos casos, una de ellas, un hombre de 54 años que fue condenado a 14 años de prisión por abusar en el 2018 de una niña de 12 años en un albergue situado en la provincia de Colón.
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Los albergues en Panamá, que tienen una población de alrededor de mil 200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.
En medio del escándalo de los albergues renunció Eduardo Ulloa como fiscal general, cargo que asumió su suplente, Javier Caraballo, quien según los observadores ha imprimido velocidad a las investigaciones.
También renunció Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año y que ya ha sido ocupado por la abogada Graciela Mauad.
