La Defensoría del Pueblo, no es de ningún partido político, de ningún gobierno, de ningún defensor o funcionario, es del pueblo, de los defensores de los derechos humanos expresó la Red de Derechos Humanos de Panamá al pronunciarse sobre la grave crisis política e institucional por la que atraviesa la entidad.
La red integrada por más de 30 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, exigió el debido proceso en el caso de la investigación al actual Defensor del Pueblo y el respeto a la presunción de inocencia; sin embargo, expresó que es importante saber la verdad de las graves acusaciones, en especial la relativa al delito de acoso sexual, este tipo de abuso de poder es intolerable y nadie está por encima de la ley.
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Las organizaciones exigieron al defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos que se pronuncie claramente ante tan graves acusaciones, así como que tome acción inmediata ante los cuestionamientos al nombramiento de la adjunta, esta acción incrementa los riesgos políticos al momento de llenar las vacantes en la institución.
En el comunicado la red indica que de concretarse la separación del actual Defensor, es imprescindible garantizar la autonomía y no injerencia del partido gobernante en el posible futuro nombramiento de un nuevo funcionario para ocupar el cargo, por lo que solicitaron que sea la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia la que reciba las candidaturas de las personas interesadas en el cargo y presente una lista corta para su selección.
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Maribel Coco, fue designada como defensora adjunta, pero su nombramiento es rechazado por los defensores de los derechos humanos, luego que se conociera que la funcionaria fue supuestamente destituida como docente de la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas), por plagio.
La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez aprobó el pasado jueves 3 de octubre de 2019 recomendar al pleno de la Asamblea Nacional, la remoción de Alfredo Castillero Hoyos del cargo de defensor del Pueblo, por supuesta negligencia y no contar con solvencia moral.