Las Organizaciones Defensoras de los derechos humanos solicitaron al Procurador de la Administración que investigue a la defensora del Pueblo Maribel Coco, por tráfico de influencias, delito tipificado en el Código penal y el Código de ética del servidor público. No puede ser que acepte públicamente este tipo de delitos y no pase nada.
Agregan que urge que se investigue y tenga sanción ejemplar, pues con este proceder aceptado como “normal” por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción señalan los activistas de los derechos humanos.
PUEDE LEER: Asamblea Nacional echa para atrás cambio en el registro de asistencia
Las organizaciones exigieron a la Asamblea Nacional que separe del cargo a esta funcionaria y proceda al nombramiento inmediato del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Ha pasado tiempo suficiente para estudiar las postulaciones que en su momento se dieron.
Sostienen que el día 1 de marzo en el diario la PRENSA aparece una entrevista a la actual Defensora del Pueblo a.i., donde lo dicho por ella, configura no solo el clientelismo político y el tráfico de influencias como método valido de su gestión, sino que evidencia negligencia en el ejercicio de una función pública. Sabemos que el tráfico de influencias es un delito estipulado en el artículo 354 del Código Penal, que nos habla de penas de 4 a 6 años y es una falta grave en el Código de ética del servidor público.
PUEDE LEER: Funcionarios del San Miguel Arcángel levantan paro, logran acuerdo con el MINSA
La Red de Derechos Humanos manifestó ‘hacemos un llamado a la ciudadanía a que defendamos nuestra Defensoría del Pueblo, entidad que logramos luego de décadas de activismo social, sin ella como mecanismos para dirimir conflictos sociales, individuales y colectivos se debilita la posibilidad de avanzar en una cultura de respeto y convivencia social, estamos a tiempo de no profundizar la espiral de violaciones y de impunidad que tarde o temprano desembocara en un clima de conflictividad y desestabilización social. La democracia real necesita de mecanismos de derechos humanos fuertes y con credibilidad, necesita tener certeza de castigo a los que infringen la Ley’.