Los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional rechazaron el proyecto de Ley 766 que aprobaba el contrato ley entre el Estado y la empresa Petaquilla, (actualmente Minera Panamá S.A), para la operación de Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón.
PUEDE LEER: ‘Si tengo que usar el metrobús, usaré’, Adán Bejerano
Con seis votos en contra y una abstención los Diputados rechazaron el proyecto por lesivo.
El diputado presidente de la Comisión, Nelson Jackson indicó que estuvieron comprarando el Decreto 267 de 1969 donde el Estado llevaba más ventaja, ya que la ley contemplaba una regalía mínima de 6%, hoy dia con el contrato de 1997 es el 2%, lo que le hace un daño al Estado, por lo que se tiene que aumentar.
Jacksón indicó que a los Municipios aledaños a la zona de concesión se les otorga un 15%, lo que también resulta insuficiente.
PUEDE LEER: Acodeco ha procesado 160 casos contra colegios particulares en cuatro años
El viceministro de Comercio, Eduardo Palacios, sustentó el proyecto en la comisión e indicó que se aprobó en el Consejo de Gabinete “sin haber incorporado ningún cambio al contrato original otorgado mediante la Ley 9 de 1997, dejando intacto todo su contenido”.
El funcionario indicó que el Proyecto de Cobre Panamá ha generado cerca de 13 mil empleos, así como obras para los distritos de La Pintada, en Coclé, y Donoso, en Colón, que en conjunto alcanzan una inversión social de aproximadamente 58 millones de dólares.
Además brinda garantía a la inversión de la empresa privada por más de 6 mil millones de dólares, considerada la mayor de la historia en el país.
En tanto, Maria Gabriela Duraty del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá dijo que es un contrato leonino con muy poco beneficios para el Estado lo que no garantiza la plena justicia.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante fallo de 21 de diciembre de 2017 declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 entre el Estado y la Minera Petaquilla S.A. argumentando que no cumplió con los prinicipios básicos de contratación pública.
El Estado y la empresa solicitaron a la CSJ una aclaración de sentencia, lo que está pendiente.