El presidente Laurentino Cortizo quedó entre la espada y la pared cuando le preguntaron por su postura en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo y la recomendación que ha dado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a Panamá de aprobarlo.
Días atrás, Joel Hernández, presidente de la CIDH, dijo: “hago votos porque Panamá continúe en el camino que ya ha iniciado y que culmine este proceso mediante el reconocimiento del matrimonio igualitario. Este es el reto que tiene el Estado panameño en sus manos”.
Pero esta decisión no recae sobre el Órgano Ejecutivo sino bajo la máxima autoridad del Órgano Judicial en Panamá, es decir, la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Este domingo, monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, criticó el uso de la palabra matrimonio.
“No es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos, quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia. La Iglesia defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, y pedimos que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria, para que no se socave el fundamento de familia”.

Ulloa dijo que no se opone “a que estas parejas se equiparen en cuestiones legales: herencia, impuesto, propiedades conjuntas, para que no haya discriminación. Esto no implica que se ha de considerar llamarle exactamente matrimonio, según el concepto tradicional”.
Este lunes, Cortizo usó 22 palabras en su respuesta, pero ninguna reflejo su aprobación o rechazo personal hacia el matrimonio igualitario.
“Sobre la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en efecto, estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Panamá”, dijo el mandatario.
