La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ha generado controversia debido a los elevados salarios que perciben varios de sus colaboradores, en su mayoría profesores, algunos de los cuales ganan más que el presidente de la República. Según la planilla de la institución, 219 empleados reciben sueldos que superan los $7,000 mensuales, lo que representa un gasto mensual de aproximadamente $1.5 millones para la universidad, o $18 millones al año.
El directorio de la planilla revela que entre los mejores pagados está la rectora de Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, quien devenga un salario de $14,000 al mes. Le siguen otros funcionarios con ingresos igualmente elevados, como Juan Carlos Muñoz, exgobernador de Chiriquí, con $9,764 mensuales, y Rosa Moreno, vicerrectora administrativa, con un salario de $9,038.
Este nivel de remuneración ha generado críticas, especialmente cuando se compara con instituciones de mayor relevancia social, como el Instituto Oncológico Nacional, que cuenta con un presupuesto mucho menor. Para 2024, la Unachi recibió un presupuesto de $108 millones, mientras que el Oncológico solo recibió $70 millones. Esto ha llevado al diputado Betserai Richards, de la coalición independiente Vamos, a cuestionar si los recursos están siendo distribuidos adecuadamente.
Revisión de la planilla y auditoría forense
Richards, quien también forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, solicitó una auditoría forense a la Contraloría General de la República para investigar cómo se administran los fondos en la Unachi y si los altos salarios están justificados en función del mérito académico y administrativo. El diputado también denunció la politización de la institución, señalando que gran parte de los nombramientos y aumentos salariales podrían estar influenciados por decisiones políticas.
“El objetivo es esclarecer si los recursos públicos en la universidad están siendo utilizados de manera justa y acorde a las necesidades reales”, señaló Richards, quien aboga por una revisión profunda de los presupuestos y salarios de las instituciones públicas para asegurar una distribución más equitativa.
Comparación con la Universidad de Panamá
La situación salarial en la Unachi contrasta notablemente con la Universidad de Panamá, donde un profesor en la categoría de “asistente”, que cuenta con licenciatura, maestría o doctorado, y un posgrado en docencia superior, comienza con un salario de $1,340 mensuales. El salario más alto, para un “profesor titular 3″, puede alcanzar los $5,400, pero solo tras años de experiencia y producción académica significativa.
En 2023, la Unachi ya había sido objeto de cuestionamientos, cuando el exdiputado Juan Diego Vásquez criticó el otorgamiento de nombramientos a tiempo completo a personas con maestrías y doctorados expedidos por instituciones no acreditadas. La rectora Medianero de Bonagas admitió que en efecto había discrepancias en los títulos otorgados, pero señaló que cada universidad estatal tiene sus propias leyes.
Un debate nacional
Este nuevo escándalo sobre los salarios en la Unachi ha desatado un debate sobre el manejo de los recursos públicos en las universidades estatales. Mientras que algunos defienden los salarios como un incentivo necesario para retener talento académico, otros señalan que es un claro ejemplo de mala distribución de los fondos, en un país donde muchos sectores sociales y educativos siguen necesitando apoyo financiero.
La auditoría forense solicitada se percibe como un paso crucial para arrojar luz sobre el manejo de los fondos públicos en la universidad y asegurar que el presupuesto de la Unachi se utilice de manera adecuada y justa, sin que los altos salarios dependan de influencias políticas.
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