A la Procuraduría de la Administración, entidad que dirige Rigoberto González, llegó una denuncia administrativa para que se examine si en el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) supuestamente se retardan los pagos de los turnos extraordinarios al personal de salud, por lo que algunos acuden al mecanismo del factoring.
La denuncia la presentó el abogado Ernesto Cedeño, luego del asesinato (3 de agosto pasado) del prestamista Abel Gallardo, por parte de Carlos Cabrera Tello, quien labora como jefe de planilla de la Dirección Regional de Salud de la provincia de Herrera. Este caso, destapó el negocio clandestino que usa como garantía el pago de los llamados turnos médicos extraordinarios en el sistema público de salud.
“El señor ministro de Salud (Luis Francisco Sucre) y el director de la CSS (Enrique Lao) deberían rendir cuentas sobre el procedimiento que existe sobre la figura de los turnos en el personal de salud, el trámite para las asignaciones de los mismos, los pagos y su demora y si están fiscalizando que el personal administrativo no se aproveche de las necesidades de los demás, ni engavete el pago de los turnos, por actos indignos en asocio con terceros”, se lee en la denuncia que presentó Cedeño, este lunes 7 de agosto de 2023.
El negocio
De acuerdo con detalles revelados en la audiencia del proceso, Cabrera Tello, quien fue precandidato a representante de Monagrillo, Herrera, por el PRD, debía dinero a Gallardo, producto de un negocio que los dos tenían, transaccional que implica al sistema público de salud. El mismo funciona así: debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) se atrasa en pagar el dinero correspondiente a los turnos extras que realizan médicos, enfermeras y especialistas, entre otros, entonces ellos les prestaban buena parte de esa suma, a cambio de cobrar el total de la misma cuando el Minsa hace efectivo el pago.
Por ejemplo: si al funcionario de Salud se le deben $2 mil en concepto de turnos, Cabrera y Gallardo, le adelantan $1,500, pero se encargaban de cobrar los $2 mil.
Cuando el Minsa pagaba, los negociantes cobraban el dinero a raíz de que tenían acceso a la tarjeta bancaria del funcionario, una de las condiciones para hacer el trato.
Al parecer, había roles definidos: Cabrera, por su labor en el Minsa tenía acceso de primera mano a todo lo relacionado con la planilla. Gallardo, era el prestamista, el dueño del dinero.
El juez de garantías de Herrera, Luis Arturo Villalaz, decretó detención provisional para Cabrera Tello, de 30 años de edad, a quien se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado.
Boris Barrios, abogado defensor de Cabrera, alega que su cliente actuó en defensa propia cuando Gallardo intentó cobrarle el dinero y lo amenazó con un arma de fuego.
