Sin nada bueno que prever, el país recibe un nuevo informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, donde si bien se avanzó un punto, Panamá sigue siendo evaluada con un promedio que la coloca junto al grupo de países que siguen fracasando en esta materia. Este informe anual llega en un momento particular, el de la polémica por los gastos de movilización y otros asignados a las juntas comunales y alcaldías del país, los que se manejan sin ningún control y que, como lo confesó una autoridad municipal, son usados para asegurar sus reelecciones.
La voracidad de nuestras autoridades electas y designadas por los fondos públicos amenaza nuestra democracia. Y es que al darse el despilfarro de recursos que debieran destinarse a atender los múltiples reclamos ciudadanos, se opta por opciones electorales desafortunadas que terminarán llevándonos al despeñadero.
Detener este festín de corrupción está en manos de los ciudadanos, que primero deben hacer conciencia de que cualquier autoridad electa o designada debe manejar los recursos públicos con responsabilidad, probidad y transparencia.
