El diputado Augusto Palacios anunció que insistirá en su propuesta de ley 114, que busca inhabilitar a empresas y personas condenadas por corrupción para que no puedan licitar ni contratar con el Estado panameño. La iniciativa fue rechazada en una primera instancia por la Comisión de Economía y Finanzas, pero el legislador ha realizado nuevas modificaciones con la esperanza de que sea discutida nuevamente en el pleno de la Asamblea Nacional.
Palacios, quien pertenece a la bancada independiente Vamos, subrayó que la corrupción es un problema latente en el país y afecta directamente la confianza en las instituciones. Por esta razón, junto a su equipo, ha decidido llevar adelante esta bandera anticorrupción a través de propuestas legislativas. “Es un dolor para la comunidad, y debemos combatirla de frente”, afirmó.
El proyecto de ley propone que tanto las personas naturales como jurídicas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, el orden económico, la seguridad colectiva y el patrimonio económico, entre otros, no puedan participar en contrataciones estatales. Además, esta restricción se aplicaría también a los beneficiarios finales de dichas empresas.
Diputado Palacios insistirá en proyecto que inhabilita a empresas condenadas por corrupción https://t.co/scO6ykhTrq
— TVN Noticias (@tvnnoticias) October 1, 2024
La propuesta original recibió cinco votos en contra y solo cuatro a favor, lo que frustró su avance. Entre los diputados que rechazaron la iniciativa se encuentran Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático, así como Ronald De Gracia y Víctor Castillo, del partido Realizando Metas, y Manuel Cohen, de Cambio Democrático. Palacios lamentó el rechazo y criticó que no se le permitiera a la subcomisión realizar un análisis más profundo del proyecto, a pesar de las modificaciones realizadas para corregir las observaciones de entidades como la Dirección de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El diputado proponente subrayó que el proyecto no es más que una restricción administrativa, que busca asegurar que solo aquellas empresas y personas que cumplan con los requisitos legales puedan contratar con el Estado. Recalcó que, en la actualidad, más de 10 empresas condenadas por corrupción continúan licitando con el Estado tras llegar a acuerdos con el Ministerio Público, aunque reconoció que dichas licitaciones son legales bajo las normas actuales.
Finalmente, Palacios expresó que presentará el proyecto nuevamente con nuevas modificaciones, esperando que esta vez se le dé la oportunidad de ser debatido en profundidad y que la lucha contra la corrupción pueda avanzar.
