El Presidente Laurentino Nito Cortizo manifestó “no voy a sancionar ninguna ley que beneficie ningún tipo de crimen”, refiriéndose a la ley 91 que fue aprobada en tercer debate por el Pleno de la Asamblea el jueves 30 de enero de 2020.
El principal objetivo de la ley era aumentar las condenas para los abusadores sexuales de menores de edad debido a la cantidad de víctimas que se registran en el país.
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La modificación del artículo 65 del Código Penal ahora da la discresionalidad al juez de cumplimiento de dar trabajo comunitario a quien le parezca. Además que los delincuentes primarios de delitos menores a la condena de cinco años, iban a recibir trabajo comunitario, pero el mandatario fue claro no sancionará nada.
El diputado Juan Diego Vásquez recalcó que hay delitos de corrupción, abuso de autoridad, contra la salud pública, que la pena no pasa de cinco años. “Soltar a esa persona es un riesgo y ese artículo no estaba en el proyecto original”, dijo. El proponente fue el diputado Gabriel Silva quien objetó esa modificación que fue hecha por diputados del PRD.
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El Partido Panameñista solicitó al Ejecutivo vetar parcialmente el proyecto de ley en cuestión, tras modificar el artículo 65 del Código Penal que coarta la discrecionbalidad del juez de elegir pena de prisión o trabajo comunitario.
Para el jurista Ernesto Cedeño, de aprobrarse la Ley 91 se beneficiarán los imputados de alto perfil, incluyendo a los que en un pasado se les hubiera negado el trabajo comunitario.
En tanto Movin expresó que el proyecto original presentado por el diputado Gabriel Silva es una excelente iniciativa, pero sus colegas introdujeron cambios que hacen que la ley como está en vez de ayudar sea una herramienta más para que personas con influencia y poder puedan salir impunes.