Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública informó que actualmente se trabaja para que en Panamá exista una ley de extinción de dominio, que desarticule la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.
Panamá busca crear un marco legal que le permita a las autoridades nacionales contrarrestar la actividad criminal de forma contundente, para desarticular la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones, debilitando su estructura económica, explicó el ministro.
La iniciativa será presentada próximamente por el Ministerio de Seguridad Pública, en nombre del Gobierno Nacional que lidera el Presidente de la República, Laurentino Cortizo ante la Asamblea Nacional de Diputados.
El proyecto consta de 92 artículos, desarrollados en ocho capítulos sobre aspectos relacionados con normas y garantías y aspectos procesales, medidas cautelares, entre otros.
La ley de extinción de dominio pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.
Por su parte, Alejo Campos, el director regional de Crime Stoppers ponderó los esfuerzos que viene realizando Panamá en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, destacando que el sistema judicial panameño se fortalece a través de esta norma y al mismo tiempo, debilita el sistema de los grupos criminales organizados.
“Atacar la raíz de los recursos del crimen organizado. El crimen organizado depende del recurso que tengan. Los recursos no pueden estar disponibles para que el crimen organizado pueda operar”, apunta el experto.
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Daniel Vásquez Llorens, jefe de la Oficina de Localización de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de España, destacó que una Ley de Extinción de Dominio representa una herramienta eficaz para quitarle poder al crimen organizado a través del ataque a la base económica que los sostiene.
Vásquez Llorens explicó que es importante en la investigación del patrimonio de personas de las que se sospecha se dedican a actividades delictivas, que se compruebe que los bienes que han adquirido proceden del ilícito.