La empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) que explota una gran mina de cobre en este país, dijo que este domingo un contratista que ofrece servicio de transporte a personal del proyecto fue víctima de un “ataque ilegal” que involucró “actos de vandalismo y violencia”.
Minera Panamá lamentó “profundamente” este ataque contra uno de sus contratistas y su personal que transporta a personal de trabajo desde el proyecto minero ubicado en el distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón, hasta Penonomé, en la provincia central de Coclé.
”Afortunadamente, el colaborador afectado se encuentra en estado estable y está recibiendo atención médica y apoyo emocional”, señaló un comunicado de la empresa en el que además manifiesta que: “nos preocupan profundamente estas acciones ilegales y pedimos el respeto a la ley y el orden”.
Agrega que colabora con las autoridades locales y que brindará toda su asistencia en las investigaciones en curso.
La compañía minera remarcó que “condena enérgicamente cualquier forma de violencia o comportamiento ilícito”, y que respeta “el derecho a la protesta pacífica y legal”.
Esta semana, la quinta de la crisis, pequeños grupos sindicales, indígenas y estudiantiles mantenían bloqueos en varias vías nacionales y urbanas.
Estas acciones son un rechazo al contrato ley aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo que renovó por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá para la explotación de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.
La obstrucción de vías han roto la cadena de suministros nacional y generan escasez de alimentos frescos y combustibles especialmente en el norte del país, y está afectando a la mina por un bloqueo naval en su puerto, que es “el sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación” minera.
La expectación en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ponga fin a las protestas antiminería en Panamá.
El Supremo panameño reanudó hoy el tercer día de sesión permanente para estudiar y resolver dos de las diez demandas de inconstitucional presentadas contra la Ley 406 de 2023 que aprobó la cuestionada renovación del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.
Mientras la máxima corporación de justicia debate, varios grupos ambientalistas, jóvenes y sindicatos se congregan frente a su sede a la espera de un fallo que declare “inconstitucional” el convenio minero, una exigencia claramente plasmada en las intensas protestas de las últimas semanas, las mayores en décadas.
Minera Panamá solicitó a la CSJ que declare no inconstitucional la Ley 406 de 2023 que aprueba el contrato para la explotación del yacimiento, según publicó la prensa local.
La empresa dijo que un fallo de inconstitucionalidad llevaría al cese total de las operaciones, que ya lo están temporalmente por los bloqueos y protestas antiminería, y recordó los beneficios económicos de la explotación para el Estado panameño.
