En los últimos días, la instalación de cercas con alambres de púas en la selva del Darién por el gobierno de Panamá ha generado cuestionamientos por parte de las autoridades de Colombia. Esta medida, destinada a bloquear el paso a migrantes por una de las rutas más peligrosas de América Latina, busca frenar el flujo migratorio irregular, pero también plantea serias implicaciones humanitarias y de seguridad.
Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, comentó en una entrevista con Noticias Caracol que los migrantes están encontrando otras rutas para cruzar hacia Panamá, evidenciando la falta de acumulación en las zonas bloqueadas. García explicó que tradicionalmente existen cinco caminos terrestres hacia Panamá, de los cuales cuatro están completamente cerrados, un cierre que, según él, no fue acordado previamente con las autoridades colombianas.
García resaltó que, aunque no han recibido videos oficiales sobre la instalación de alambres de púas, es probable que estas barreras hayan sido colocadas después de que Panamá anunciara el cierre de ciertos puntos fronterizos. Este bloqueo podría estar forzando a los migrantes a utilizar rutas alternativas, posiblemente más peligrosas, incrementando así los riesgos para su seguridad.
El funcionario colombiano también señaló que cientos de personas cruzan diariamente la frontera de manera ilegal, y el gobierno panameño ha indicado su intención de repatriar a los migrantes que ingresen por el Darién. García tiene planeado reunirse con las autoridades de Panamá para discutir la situación y determinar un paso fronterizo que permanezca abierto, evitando así que los migrantes recurran a caminos aún más peligrosos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre las posibles consecuencias humanitarias de estas medidas, indicando que los migrantes podrían quedar atrapados en la frontera, enfrentando violaciones a sus derechos y riesgos para su integridad física debido a las cercas de púas. Además, advirtió sobre el aumento del represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, afectando a las comunidades locales, especialmente a las étnicas en la región de Urabá antioqueño y chocoano.
Por su parte, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) justificó el bloqueo de tres pasos no autorizados en las costas pacífica y caribeña, así como otro paso terrestre en el sector del Hito de Chucurti, Guna Yala, mediante barreras perimetrales. Según Senafront, la medida busca canalizar la migración irregular a través del paso de Cañas Blancas, dirigiendo a los migrantes a la comunidad de Bajo Chiquito. Esta estrategia pretende concentrar los esfuerzos de patrullaje y control territorial, mejorando la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas.
En redes sociales, un video mostró una cerca de alambre en la frontera, aunque posteriormente se supo que fue destruida. La migración irregular por el Darién también ha generado problemas ambientales significativos, con grandes cantidades de basura depositada en ríos y playas. El Ministerio de Ambiente de Panamá estima que cada migrante deja alrededor de 20 libras de desechos durante su viaje de cinco días por la selva, lo que ha costado millones de dólares en esfuerzos de restauración ambiental.
El Senafront ha identificado cuatro rutas migratorias principales que atraviesan áreas protegidas como la Reserva Hidrológica Serranía de Darién y el Bosque Protector Darién. Estas rutas, Caledonia-Zapallal, Carreto-Canaán, Capurganá-Bajo Chiquito, y Capurganá-Canaán, varían en longitud de 9 a 34.72 kilómetros, y están siendo impactadas significativamente por el flujo de migrantes.
La situación en la selva del Darién sigue siendo un desafío complejo y multifacético. Mientras las autoridades de Colombia y Panamá intentan coordinar esfuerzos para gestionar la migración irregular, la necesidad de proteger los derechos y la seguridad de los migrantes, así como de las comunidades locales, se mantiene como una prioridad urgente.
Información publicada en prensa.com por Aleida Samaniego C.