Ante el incremento de los delitos de estafa, informáticos y financieros, “Mi Diario”, desde el miércoles 27 de abril del 2022, presenta un espacio en el que autoridades y expertos brindarán las herramientas para que nuestros lectores no sean víctimas del hampa.
El fiscal Carlos Mares, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, explicó que con las restricciones por la pandemia, personas inescrupulosas encontraron la oportunidad para delinquir mediante engaños.
Mares dio a conocer una serie de modalidades de estafa más utilizadas: Con el incremento del uso de redes sociales mediante la compra-venta de las populares tiendas virtuales en las que ofrecen promociones de artículos tecnológicos, le hacen creer a la víctima que hay uno o pocos artículos a la venta y le obligan realizar un depósito del 50 %, luego piden un segundo depósito por el total y si no lo hace le indican que la promoción acabará y tendrá que cubrir el costo total del producto.
En otro caso, manifiestan que tras el primer depósito el artículo les llegará en pocas horas, lo que no pasa. También hay quienes venden productos, el interesado le dice que hará una transferencia y al recibir el número de cuenta le dicen que dicho banco no es accesible para él porque trabaja con otro banco para al final enviar una transacción ficticia. Y el vendedor (víctima) creyendo que la transferencia se va a acreditar en un día, entrega el artículo y es estafado.
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Pero además están los que alteran los slips de depósito alegando que hacen el depósito en efectivo al banco, la víctima lo ve reflejado en su cuenta momentáneamente. Sin embargo, dos o tres días después desaparece el saldo porque se hizo el depósito con cheque, a veces hurtado, robado, alterado o con la cuenta cerrada.
En ese sentido el fiscal recomendó verificar dichas cuentas, los seguidores, los comentarios, el tiempo de las publicaciones, las ofertas muy tentadoras o en caso contrario no hacer entrega del bien hasta no comprobado el pago.
¿SABÍAS QUE... El artículo 287 del Código Penal de Panamá establece: “Quien ilícitamente haga uso de una tarjeta de crédito o de débito no expedida en su favor será sancionado con pena de cuatro a seis años de prisión”. Cuando algunas conductas sean realizadas por personas que formen parte de una organización criminal o internacional, la pena será de cinco a diez años de prisión.