El expresidente Ricardo Martinelli declarará este viernes por videoconferencia como investigado en España en la causa que indaga el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de la empresa española FCC a cargos del país latinoamericano a cambio de contratos, según fuentes jurídicas españolas.
Martinelli comparecerá a raíz de la querella presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que a finales del pasado año emprendió acciones legales contra el exmandatario por presunto blanqueo y corrupción.
Este caso se remonta a 2017, cuando la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht.
El gigante brasileño, por entonces investigado por la Justicia de varios países latinoamericanos, se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.
Aunque inicialmente la española no figuraba, después de dos años de diligencias se encontraron indicios de que tras el consorcio entre Odebrecht y FCC para la construcción de la primera línea de metro de Centroamérica se ocultaría un concierto entre directivos para generar “sobrecostes” en los contratos.
Este esquema de “corrupción”, según la Fiscalía, buscaba generar fondos para abonar “pagos encubiertos” a responsables políticos y empleados públicos, para lo cual se sobredimensionaba el suministro de acero en “precio y cantidad”.
En 2019, FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro de Martinelli, quien presidió Panamá entre 2009 y 2014.
Esta estrategia “encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los gobiernos de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua”, citaba el auto de imputación.
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Las facturas incorporaban una descripción de servicios “simulados” que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.
“Ninguno de estos servicios se prestó y sólo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”, proseguía un informe de la Fiscalía Anticorrupción.
Además explicaba que FCC “no ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Cort”, actualmente encarcelado en Panamá, entre 2010 y 2014, cuyo importe ascendió a 82,7 millones de dólares.
Una responsable de la asesoría jurídica de la constructora admitía ante la Fiscalía en 2019 que todas las facturas “habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Cort” como testaferro de Martinelli, que “exigía” comisiones para “permitir a FCC” operar en las obras públicas de Panamá.
