El exgobernante de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales, una sentencia anunciada este martes que encendió el debate político en el país, dada su aspiración a volver a ser elegido presidente en las elecciones generales de 2024.

En el fallo del caso conocido como “New Business” o la compra irregular en 2010 de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa), conocido este martes pero con fecha del 17 de julio, la jueza Liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez sentenció a Martinelli a 128 meses de prisión y le impuso una multa de 19,2 millones de dólares.

Ya el equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará esta sentencia, que ya había vaticinado el expresidente el pasado 21 de junio en su cuenta de Twitter, adelantándose casi un mes.

“Quiero que sepan que me van a condenar el viernes en el caso New Business para tratar de joderme. Ya todo el mundo me ha dicho que viene bajando un fallo injusto, ilegal e inmoral al no haber prueba alguna de delitos”, expresó entonces en la red social el candidato presidencial de su partido Realizando Metas (RM).

Este martes Martinelli no ha expresado nada en sus redes sociales, pero el diario Panamá América, que edita Epasa, publicó hoy unas declaraciones del expresidente sobre el caso antes de conocerse la sentencia.

“Yo invertí en una sociedad, mi plata sale de un plazo fijo de dineros, los cuales estaban allí desde unos 10 o 15 años antes de ser presidente de la República y solamente tengo entre un 14 y 20 % del negocio, pero a mí me quieren achacar un porcentaje mayor”, dijo, entre otras, el expresidente, según el diario.

EL FILÓN ELECTORAL

El abogado defensor, Carlos Carillo, reiteró en una conferencia de prensa que su defendido es inocente y resaltó que la sentencia que apelarán no debe afectar la candidatura presidencial de Martinelli.

Este ha sido uno de los puntos más destacados en el debate generado en los medios locales por este fallo, el primero de culpabilidad contra Martinelli, que resultó absuelto en otra causa de escuchas ilegales.

Martinelli además enfrenta cargos por blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio comenzará este año.

Dos hijos también serán juzgados en el caso de la constructora, por el que ya pagaron cárcel en EE.UU. donde confesaron que blanquearon 28 millones de dólares y que transaron sobornos por órdenes “del padre”, como dijo su defensa.

Pese a la sentencia del caso “New Business”, la candidatura presidencial de Martinelli se mantendrá habilitada hasta que haya sido ratificada en todas las instancias, siendo la última de estas la Corte Suprema, dijo a EFE el constitucionalista Ernesto Cedeño.

Pero los tiempos de la Justicia en Panamá suelen ser muy lentos. Así lo reconoció el analista local José Eugenio Stoute, quien sin embargo expresó a EFE su confianza en que las apelaciones por el caso se resuelvan “con bastante prontitud, antes de fin de año”, porque de lo contrario sería“ una demora deliberada y un escarnio para la Justicia”.

“Que haya justicia, que el Segundo Tribunal Superior (primera instancia de apelación) emita en breve plazo si está de acuerdo o no” con el fallo, y si llega a la Sala de Casación del Supremo, que la anule, la reafirme o incluso no la admita, que son sus opciones, explicó el analista panameño.

LA FISCALÍA SATISFECHA

Además de Martinelli, por el caso “New Business” fueron condenadas otras cuatro personas por blanqueo a entre 70 y 96 meses de cárcel, mientras que 10 fueron absueltas, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

“El Ministerio Público se siente satisfecho con las 5 personas que han sido condenadas (...) pero igual haremos una revisión” sobre las absoluciones para proceder, si así se estima “a presentar los recursos de apelación”, dijo en un video el fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez.

Para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, según la Fiscalía, que afirma que Martinelli “contactó a contratistas, aportó dinero” y resultó “beneficiario” al ser el “tenedor del 60 % de las acciones” de la editorial.

La sentencia difundida este martes ordenó “la disolución de dos sociedades y el (de)comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial”, indicó la misiva judicial.

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