“El caso de Minera Panamá representa un claro ejemplo de falta de transparencia por parte de varias administraciones, incluyendo la actual”.
Así señala el comunicado de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional –al conocer que el gobierno de “Nito” Cortizo ordenó el cese de las operaciones de Minera Panamá después de no alcanzar un acuerdo del pago de 375 millones de dólares anuales como mínimo y que se había anunciado en enero de este año.
Agrega el comunicado que: “Hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional, en relación a la falta de transparencia en el proceso de negociación con Minera Panamá, así como en el el uso y manejo de los fondos públicos en general”.
A partir del anuncio hecho por el Ejecutivo en enero de 2022 sobre el acuerdo alcanzado con la empresa que garantizaba un pago mínimo de $375 millones anuales, aumentando el porcentaje en regalías, poco o nada se ha sabido hasta el día cuando se anunciaron las medidas de suspensión de las actividades comerciales de Minera Panamá, agrega el comunicado de TI.
LEA TAMBIÉN: Gobierno buscará opciones para seguir operando la mina
La falta de datos concretos impide a la ciudadanía analizar si el Gobierno está defendiendo los mejores intereses de la población, o si existen conflictos de interés o influencias indebidas en la negociación.
Por redes sociales se recordó que Laurentino Cortizo, hoy presidente de la República, votó a favor cuando fue diputado en los tiempos del gobierno de Ernesto Pérez Balladares por este contrato que solo establecía el pago del 2% de regalías al gobierno nacional y que hoy critica el Ministerio de Comercio e Industrias.
De acuerdo con TI, precede a este caso la renovación del Contrato de Panamá Ports hace un año, en otro ejercicio de opacidad del Ejecutivo. La injusta remuneración que aceptó el Gobierno, así como la concesión de un monopolio por otros 25 años, impide que Panamá aproveche plenamente la existencia del Canal y su posición geográfica con el desarrollo del sector portuario, como lo han hecho países y centros marítimos-portuarios-logísticos de vanguardia mundial.
La obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha retrocedido alarmantemente en esta administración, siendo reemplazada por inauditos silencios, ilegales negativas e impunidad, precisa la Fundación TI.
La democracia, que estos días se encuentra amenazada en muchas partes del mundo, requiere la defensa activa y permanente de los ciudadanos, exigiendo el rendimiento de cuentas a las instituciones, funcionarios y políticos. La transparencia es la única herramienta que puede devolver la confianza en la gestión gubernamental y fortalecer la institucionalidad democrática, añadió.
