La propuesta de convocar a una constituyente originaria por parte de José Raúl Mulino ha generado fuertes reacciones en diferentes sectores del país. Según varias voces, esta idea es vista como un intento de obtener impunidad y podría convertirse en un mecanismo para evitar que el país funcione adecuadamente.
El término “constituyente originaria” implica una asamblea con poderes absolutos para modificar no solo partes del Estado, sino todo el sistema en su conjunto. Muchos analistas y políticos han expresado preocupación por esta propuesta, considerándola como una forma de obtener impunidad y de reemplazar las instituciones actuales.
Juan Mckay, analista político, ha señalado que buscar una constituyente originaria es buscar impunidad y la posibilidad de designar nuevos magistrados que podrían favorecer a ciertos grupos. A su juicio, esto equivaldría prácticamente a un golpe de Estado, desmantelando las estructuras del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Richard Morales, candidato a la vicepresidencia, también ha criticado esta propuesta, asegurando que convocar una constituyente originaria sería un intento de ganar impunidad para quienes enfrentan acusaciones de corrupción.
Ileana Gólcher, docente e investigadora, considera que plantear una constituyente originaria en medio de la actual crisis del país es poco realista y parece una estrategia para obstruir el funcionamiento del país.
Ana Matilde Gómez, exprocuradora y candidata a diputada, advierte que esta propuesta es una “trampa peligrosa” que podría desestabilizar aún más al país.
En redes sociales también ha habido críticas, describiendo la propuesta como un autogolpe que eliminaría la legitimidad constitucional existente.
El debate en torno a esta propuesta se intensifica, especialmente en un contexto marcado por la crisis económica y la necesidad urgente de resolver problemas básicos como el suministro de agua, la recolección de basura, la generación de empleo y la mejora del sistema de justicia.
