El Ministerio de Gobierno, hasta el año 2010 entidad encargada de la seguridad del país, ha sufrido en las últimas semanas un torbellino de cambios que parece no terminar.
La última escaramuza ha sido la renuncia de Sheyla Grajales como titular, solo 12 días después de haber sido juramentada por el presidente Laurentino Cortizo. Y aunque la decisión se adoptó este martes 18, fue hasta este martes, 19 de febrero, cuando se da a conocer. Lo extraordinario es que a esta hora ni Grajales ni la Casa Presidencial han emitido una explicación sobre la renuncia.
Electa representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo en San Miguelito en las elecciones del pasado 5 de mayo, Grajales fue designada por Cortizo como gobernadora de la provincia de Panamá.
El pasado 6 de febrero, tras la separación de Carlos Romero, luego de la fuga de Gilberto Ventura Ceballos de La Mega Joya (y que también le costó la posición al entonces ministro de Seguridad Rolando Mirones), tomó posesión como ministra.
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Militante del partido Movimiento Liberal de Renovación Nacional (Molirena), aliado electoral del PRD, Grajales asumió en el cargo como parte del espacio que a su colectivo se le ha brindado en el engranaje gubernamental.
Sin embargo, desde el momento de su designación como ministra, los ojos estuvieron puestos sobre ella, no tanto por el cargo que desempeñaría y su responsabilidad con las cárceles, sino por situaciones personales.
Primero hay que destacar que, a pesar de su actual militancia política, Sheyla Grajales siempre ha estado vinculada al PRD. Su padre Edmundo “Niño” Grajales es miembro de este colectivo y fue representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, que luego ella representaría.
Pero fueron los vínculos sentimentales de la hasta este martes ministra de Gobierno con un perredé y colega en el Consejo Municipal de San Miguelito, el representante por Mateo Irurralde, Omar Montilla, los que pusieron su nombre en el ojo público.
Tras el ascenso al poder de Laurentino Cortizo, Omar Montilla, quien también fue reelecto el 5 de mayo de 2019, fue designado viceministro de Comercio Interior e Industrias. Un cargo por el que tiene participación en el Consejo de Gabinete.
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Fue este aspecto lo que levantó las primeras alarmas, ya que de haber algún parentezco entre la ministra y el viceministro se estaría violentando disposiciones constitucionales. Esto llevó a que el mismo presidente Cortizo interviniera expresando que averiguaría el vínculo. Posteriormente, se conoció que si bien eran novios, no son esposos.
Pero cuando todo parecía que hasta allí llegarían las cosas, se conoció de una deuda que la ministra Grajales tiene con el fisco nacional.
El proceso de cobro por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), y que supera los 170 mil dólares, se tramita desde la pasada administración, sin que la ahora exfuncionaria le haya hecho frente.
Una vez más, el presidente Cortizo tuvo que salir a responder sobre esta situación y tajantemente dijo que si tenía una deuda con el Estado, que pague.
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Una semana después de esas declaraciones se conoce de la renuncia, la que -reiteamos- no ha sido aclarada ni por Grajales ni por el presidente Cortizo.
Todo lo que se conoció al respecto es que este miércoles 19 hubo una reunión entre los máximos representantes del Molirena y el mandatario Cortizo para analizar quién será la figura que reemplace a Sheyla Grajales.
El “partido del gallo”, favorecido por la alianza política con esta cartera, ya baraja nombres, entre ellos y según han adelantado prominentes miembros, estaría la actual vicealcaldesa capitalina, la periodista Judy Meana, el empresario Fernando Alemán y el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez. A últimas horas de este miércoles soltaron otra posible opción, el abogado Víctor Martínez.
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