Un nuevo episodio acaba de estrenar la Oficina del Agregado Jurídico del Buró Federal de Investigación (FBI) envió el pasado 11 de junio una carta al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, señalando a Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría General de la República, en un posible caso de extorsión y corrupción pública. Castillo, quien amasó una fortuna de $13.6 millones entre 2021 y 2023 a través de su firma Castillo, Guardia & Asociados, estaría implicada en una “contraloría paralela” que exige pagos ilegales a empresarios para facilitar sus contratos y pagos con el gobierno.
La lista de clientes de Castillo y su “método”
Castillo, famosa por su “millonaria sonrisa” y sus conexiones en la Contraloría, habría utilizado su posición y relaciones para beneficiar a clientes, cobrando comisiones a cambio de acelerar pagos del Estado. De acuerdo con la carta del FBI, una de las víctimas, la empresa Trasa Thermo King, liderada por Kathleen de McGrath (exsuegra de Castillo), recibió una solicitud del 10% sobre un pago de $1.3 millones adeudado, el cual no se emitió tras la negativa de la compañía a pagar.
Testimonios y denuncias públicas
Varios empresarios locales y extranjeros confirmaron a La Prensa que han sido objeto de presiones similares, revelando que Castillo, desde sus antiguas oficinas en “El Tornillo”, Calle 50, citaba a los empresarios, confiscaba sus celulares, y ofrecía “facilitar” los pagos a cambio de una cuota del 10%. Incluso, el abogado Jorge Camarena, en una entrevista radial, señaló que un cliente suyo también fue extorsionado por una exfuncionaria de la Contraloría, quien solicitó sobornos a cambio de liberar los pagos atrasados.
“Regalos” y nuevos testimonios: la influencia de Castillo en el MOP y Conades
La influencia de Castillo no se habría limitado a la Contraloría. Testigos han señalado que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) también recibieron “costosos regalos” de Castillo para asegurar favores en contratos de sus clientes. Empresarios afectados aseguran que sus pagos, que antes tomaban años, se liberaban en semanas gracias a la intervención de Castillo y su equipo.
Castillo se defiende y niega las acusaciones
Ante estas denuncias, Castillo y su firma, Castillo, Guardia & Asociados, han calificado las acusaciones de “malintencionadas” y de buscar “crear morbo” para dañar su reputación. Sin embargo, la carta del FBI y los múltiples testimonios han puesto a Castillo en el centro de un escándalo que levanta interrogantes sobre prácticas de extorsión y corrupción en el sector público panameño.
