El alcalde de Capira, Jorge Ramos, y el hermano de la diputada de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego son algunos de los beneficiados con terrenos gratuitos segregados de una finca de 15.7 hectáreas, en Lídice –al este de la capital–, comprada en $500 mil por la Junta Comunal de El Cacao.
La compra del terreno fue hecha en marzo de 2011, con el pretexto de ayudar a familias pobres de El Cacao, una comunidad rural capireña, por su entonces representante, Tomás Herrera, pero estas tierras quedaron en manos de unas 200 personas que jamás han vivido en ese corregimiento.
Los vendedores de la finca –Carlos Ábrego García y Nilka García de Ábrego– recibieron los pagos de la Junta Comunal de El Cacao, que administró fondos de la diputada Ábrego, en dos periodos electorales de Herrera (2009-2019). Una investigación de La Prensa reveló que entre 2009 y 2014, Ábrego destinó, al menos, $7.9 millones a esa junta comunal. Pero, ella lo niega: “Los diputados no contamos con partidas circuitales desde el año 2001″, afirmó.
Pero en junio de 2014, su copartidario y entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, confirmó que a los 71 diputados se les entregó “$416 millones en partidas circuitales”.
Querido alcalde
El 19 de agosto de 2013, en Gaceta Oficial, se promulgó una resolución, firmada por Herrera, que autorizaba a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) a segregar la finca en lotes y adjudicarlos “a título gratuito de los poseedores beneficiados de escasos recursos económicos residentes del corregimiento de El Cacao” (ver facsímil).
Al día siguiente –el 20 de agosto de 2013–, los primeros beneficiados fueron el hoy alcalde Ramos (2 lotes), así como su hermana Neddeissa Ramos (1 lote). Ramos, además, es funcionario –en licencia con sueldo– en la Asamblea Nacional desde 2012, donde recibe $3 mil al mes, con asignaciones de conductor asignado a la oficina de su copartidaria –y prima– la diputada Ábrego.
Los dos lotes de Ramos están en la entrada de la barriada El Progreso, nombre de la nueva comunidad. Pero el funcionario no vive allí, sino en Residencial del Oeste, una barriada construida por Ábrego.
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Consultado por la asignación de estos dos lotes, Ramos afirmó que, “como residente del área, participamos en el programa de titulación y regularización implementado por la junta comunal. Todos los trámites fueron conforme a la ley y es el área donde actualmente reside mi madre. Los trámites los hicimos nosotros a nombre personal y a su favor”. Sin embargo, ambos lotes están a nombre del alcalde-conductor.
Disgustados residentes de El Cacao aseguraron a este medio que Ramos “jamás” ha residido en el lugar, aunque se desempeñaba como “tesorero” en esa junta comunal. “Las pocas veces que vino [Ramos] fue en campaña política, con la ‘patrona Yanibel’, y recibidos por Tomás [Herrera, el hoy exrepresentante de El Cacao]”, afirmó uno de los consultados.
Ramos no desmintió su vínculo con la junta comunal de El Cacao, aunque aseguró que “no devengaba salario”, aunque dijo tener responsabilidades en esa junta comunal: “Nuestras funciones eran relacionadas a la partida especial de proyectos”, sin mencionar esas asignaciones ni a cuánto ascendía la supuesta partida especial o qué entidad la sufragaba.
Familia es familia
Otro beneficiado fue Luis Ábrego, hermano de la diputada de Capira. El terreno –de unos 300 metros cuadrados– está a pocos metros de la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps) de la Caja de Seguro Social, construida en esa barriada.
La Prensa buscó en tres ocasiones a Luis Ábrego en su casa, pero nadie respondió los llamados. Sus vecinos dijeron que “ahí no vive nadie. Sólo consiguió que le hicieran una vivienda con el programa de Techos de Esperanza para no gastar”, mencionó uno.
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Cuestionada la diputada Ábrego sobre este beneficio para su hermano, quien no reside en El Cacao ni en El Progreso, esquivó la pregunta alegando que “hasta donde entiendo, Luis Ábrego cumplió con todos los requisitos solicitados por la institución”.
Para el abogado Ernesto Cedeño, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral deben investigar la venta y distribución de estos terrenos. Considera que se pudo incurrir en delitos de corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir, así como delito electoral si se comprueba que se obligó a una persona a inscribirse en un partido para recibir un lote.
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