El próximo lunes 31 de octubre el expresidente Ricardo Martinelli irá a audiencia preliminar por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, dentro de la causa conocida como New Business, donde se investiga la compra de Editorial Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos. En el caso de que el acto se posponga, la fecha alterna es el 29 de noviembre del presente año.
Así lo decidió la jueza Baloísa Marquínez a través del auto vario N° 512 del 21 de octubre en el cual levantó la suspensión de la tramitación del proceso seguido a Martinelli.
Este lunes 24 de octubre se conoció que la jueza Marquínez emitió el Auto Mixto N° 08 a través del cual llamó a juicio a 20 personas imputadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso New Business, y fijó como fecha de audiencia plenaria del 17 al 28 de abril de 2023 a las 9:00 a.m. y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023 a las 9:00 a.m.
En el auto del Juzgado Tercero también se sobresee provisionalmente a nueve personas que fueron investigadas por el delito de blanqueo de capitales a quienes les ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se le habían impuesto.
La jueza Marquínez negó los incidentes de nulidad y prescripción de la acción penal presentados por los defensores técnicos; negó la solicitud de desaprensión formulada por el apoderado judicial de una sociedad; así como la petición de sobreseimiento definitivo presentada por otro abogado defensor.
También negó la petición de revisión de fianza interpuesta a favor de uno de los imputados.
En el caso de la audiencia preliminar de Martinelli, para la fecha alterna el juzgado designó a un abogado de oficio, en caso de que se ausentaran los defensores del expresidente. Lo propio se hizo en la fecha alterna de la audiencia de fondo prevista para desarrollarse en mayo del 2023.
A inicios del pasado mes de junio se desarrolló la audiencia preliminar en el caso New Business, aunque en esa ocasión el exmandatario se mantuvo al margen debido a recursos que había interpuesto, pero que luego fueron resueltos en su contra.
El Ministerio Público investigó una supuesta lesión al Estado por más de 40 millones de dólares, a través de la apertura de una cuenta, considerada canasta, en la que se captó dinero de obras públicas para la compra del conglomerado de medios de comunicación.