Son millonarias las demandas que ha interpuesto el expresidente Ricardo Martinelli contra aquellos que han emitido comentarios contra sus procesos, quizás para recuperar todo lo que ha gastado en ese séquito de abogados que necesitó para conseguir el veredicto de no culpable en el caso de pinchazos telefónicos.
Alma Cortés, una de sus defensoras y exministra en su administración, detalló que son 126 querellas las presentadas hasta la fecha contra particulares que tuitean, comentaristas y periodistas de los distintos medios de comunicación.
Recientemente, se conoció que el Ministerio Público hizo la notificación de ocho nuevas denuncias admitidas contra cuentas de Twitter.
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Voces críticas
Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas, insiste en que no se puede criminalizar un derecho humano como la libre expresión.
“Consideramos que las acciones que se adelantan en los tribunales contra la sociedad abre una grieta peligrosa dentro de ese derecho fundamental, pero sabemos que no se pueden hacer señalamientos temerarios”, consideró Medina.
Anneth Planells, activista de Movin y una de las personas querelladas por Martinelli, consideró que “la criminalización de la opinión lo que busca es callar las voces, no solo de quienes se atreven a opinar, sino amedrantar a otros para que no hagan uso de ese derecho”.
Organismos internacionales han advertido lo peligroso del accionar de Martinelli.
Datos de interés
El Ministerio Público ha vinculado al expresidente en varios procesos contra la administración pública.
El principio de especialidad con el que Estados Unidos aceptó extraditarlo a Panamá impide que sea investigado por esos casos, lo que no es indicativo de si es culpable o inocente.
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