La extinción de dominio quedó atrapada en el choque de poderes de la Asamblea; el proyecto fue archivado

El proyecto de ley 625, sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, quedó inmerso en medio de un rejuego de intereses y choque de poderes en la Asamblea Nacional (AN).

En la tarde de este jueves 27 de abril, el presidente del Legislativo, Crispiano Adames, anunció que la propuesta no logró los votos para ser aprobada en segundo debate, por lo que sería archivada.

¿Qué pasó?

Luego de que el pasado miércoles 26 de abril, el documento fuera presentado ante el pleno legislativo por el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Legislativos, Leandro Ávila, y que se declarara sesión permanente para su discusión, su futuro dependía de la voluntad de los diputados. El gran obstáculo durante el proceso siempre fue la falta de quórum para el debate. Las sillas vacías, la apatía, los intereses.

Estampida y un final

Las primeras señales que dejaron al descubierto de que la propuesta no era bien acogida en el pleno llegaron el pasado miércoles, cuando los diputados de Cambio Democrático (CD), la mitad de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros, abandonaron sus curules. Entre los pocos que sí se quedaron estaban los diputados independientes, además de un grupo reducido del PRD, entre ellos Adames, Ávila y Kayra Harding.

Este jueves 27 de abril, la sesión tenía que empezar a las 9:30 a.m. Sin embargo, a esa hora el pleno estaba vacío. El hemiciclo legislativo cobró vida pasadas las 2:00 p.m. El proyecto se sometió a votación en segundo debate y luego se decretó un receso. A eso de las 5:20 p.m., la sesión se reanudó, pero para anunciar la noticia: no se lograron los 36 votos necesarios para avalar el proyecto en segundo debate. La secretaria general de la Asamblea, Daña Castañeda, por orden de Adames, leyó los nombres de los que votaron a favor y de los que no votaron.

Votaron por el proyecto: Alejandra Ábrego (suplente de Roberto Ábrego), Alejandro Castillero, Alina González, Andrés Camargo (suplente de Itzi Atencio), Bernardino González|, Carlos Santamaría (suplente de Melchor Herrera), Clementina Jiménez (suplente de Ricardo Santos), Corina Cano, Crispiano Adames, Daniel Ramos, Edilma Carpintero (suplente de Adán Bejerano), Edison Broce, Eric Araúz (suplente de Rony Araúz), Gabriel Silva, Hugo Méndez, Javier Sucre, Juan Alberto Esquivel, Juan Diego Vásquez, Julio Mendoza, Kayra Harding, Leandro Ávila, Luis Ernesto Carles, María Esther González (suplente de Francisco Alemán), Marcos Castillero, Mariano López, Pedro Torres, Petita Ayarza, Raúl Rodríguez (suplente de Ana Giselle Rosas), Raúl Fernández, Rosa Domínguez (suplente de Olivares Frías), Tito Rodríguez y Yesenia Rodríguez.

No votaron: Ariel Alba, Arnulfo Díaz, Abel Becker, Alaín Cedeño, Arquesio Arias, Benicio Robinson, Cenobia Vargas, Dalia Bernal, Edwin Zúñiga, Elías Vigil, Héctor Brands, Eric Broce, Eugenio Bernal, Everardo Concepción, Fátima Agrazal, Fernando Arce, Génesis Arjona, Gonzalo González, Hernán Delgado, Jaime Vargas, Jairo Salazar, José María Herrera, Leopoldo Archibold, Leopoldo Benedetti, Lilia Batista, Luis Rafael Cruz Vargas, Manolo Ruiz, Marylín Vallarino, Mayín Correa, Nelson Jackson, Néstor Guardia, Raúl Pineda, Ricardo Torres, Roberto Ayala, Sergio Gálvez, Víctor Castillo, Yanibel Ábrego y Zulay Rodríguez.

La advertencia de Adames

El propio Crispiano Adames se encargó, desde el pasado miércoles, de dar a conocer la negativa de sus colegas a debatir el proyecto.

“Que [los ciudadanos] vean quiénes son sus diputadas y diputados que hoy están aquí en el pleno para votar o rechazar el proyecto de ley”, dijo.

“Yo, Crispiano Adames Navarro, me consigno a favor del proyecto de ley, porque salvo mi responsabilidad con referencias a mis futuras generaciones, mis futuros electores... y no la debo ni tampoco la temo”, aseguró hace dos días.

Mientras que Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, recogió las voces de los que no son partidarios de debatir el proyecto a pocas horas de que cierre el periodo de sesiones ordinarias (que debía culminar el 30 de abril, pero cerró ayer 27 de abril).

Agregó que la comisión fue notificada que se daría el segundo debate al proyecto de ley a la 1:00 p.m. del pasado miércoles.

“No tenemos ningún problema en discutirlo, solo hay un problema: que [en] un tema tan sensitivo, no puede ser posible que, cuando faltan pocos días para que la Asamblea Nacional concluya, tiene que forzarse el segundo debate. Si cada diputado habla cada 30 minutos, son 6 horas y nos iremos hasta las 12:30 a.m. Y hace que este pleno esté casi vacío, porque no se dio el tiempo que necesitábamos para que los compañeros supieran y conocieran qué se había hecho en la comisión”, afirmó Ávila

La jurisdicción

El proyecto de ley 625 ha dado vueltas en la comisión, subcomisiones, mesas técnicas y múltiples foros. Una vez hasta hubo una gira de diputados a Colombia, para conocer cómo ese país implemento dicha legislación.

En el proyecto de ley que llegó al pleno para segundo debate se establece que la jurisdicción patrimonial de extinción de dominio sería ejercida por el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio y por los jueces de control patrimonial. Este tribunal especializado tendrá su sede en la ciudad capital, con competencia a nivel nacional y estaría integrado por tres magistrados que deben reunir los mismos requisitos que la Constitución exige para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Éstas figuras serían nombradas por un período de 10 años prorrogables, así: uno por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y el tercero por el Judicial. Cada magistrado principal tendrá un suplente de la misma forma y para el mismo período, que actuará como adjunto del mismo y lo reemplazará en la integración del Tribunal de Apelaciones.

“Es una jurisdicción independiente pero que a la vez es judicial. Se regirá por el Código Judicial y por los códigos nacionales: Civil, Comercial, Procesal Penal... Independiente, ¿por qué? Porque serán tres nuevos magistrados que van a ser nombrados por los diferentes órganos del Estado”, explicó a este medio el abogado penalista Víctor Orobio, quien ha seguido el debate en la Asamblea Nacional.

Orobio, quien al momento de redactar esta nota estaba en el hemiciclo legislativo, también contó que la noche del miércoles 27 de abril se propuso reducir el término de la prescripción (de la extinción de dominio) de 20 a 10 años. En el proyecto de ley original, que presentó el Ministerio de Seguridad Pública el 28 de abril de 2021, se pedía que fuera imprescriptible.

El abogado contó además que otra de las modificaciones propuestas en segundo debate es la que contempla el recurso de casación extraordinario de casación civil.

El fiscal de extinción de dominio será designado por el procurador General de la Nación, con sede en la ciudad capital, y por un período de diez años prorrogables; deberá cumplir con los mismos criterios que se requieren para ser un fiscal superior.

La persona natural o jurídica, objeto del proceso, de acuerdo con el proyecto, estaría representada por un defensor público o privado, desde el momento en que el fiscal de extinción de dominio, mediante resolución motivada, practique una aprehensión provisional de bienes, así como previamente exprese el inicio formal de la investigación.

El defensor público será nombrado por el tribunal, por igual término de los otros sujetos procesales.

¿Y la corrupción?

Los diputados de la bancada independiente presentaron (sin éxito) modificaciones al proyecto de ley con el fin de que la extinción de dominio de bienes ilícitos sea aplicable a los delitos contra la administración pública, como la corrupción. En tanto, los diputados Leandro Ávila y Corina Cano también presentaron modificaciones que dejan por fuera la corrupción.

Precisamente este viernes 28 de abril se cumplen dos años de que la propuesta llegó al palacio Justo Arosemena. Habrá que ver si a partir de julio, cuando la Asamblea retome sus sesiones ordinarias, hay voluntad para debatirlo.