Cerca de 800.000 alumnos de escuelas estatales de Panamá no reciben clases desde hace más de tres semanas y decenas de miles de ellos corren el riesgo de perder el año.
Ahora, la huelga docente es por un cuestionado contrato minero y en esta nueva crisis los estudiantes del sector público, como ya es costumbre, son los grandes perdedores.
“El cordero inmolado en toda lucha que hay de los docentes siempre son nuestros hijos”, dijo a EFE Aldo Bazán, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, que aglutina a padres y representantes de colegios públicos, principalmente, aunque también de algunos privados.
El “paro militante” docente es en rechazo a la renovación de la concesión a 20 años, prorrogable, a la Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La actividad de la mina Cobre Panamá, una inversión privada de 10.000 millones de dólares que exporta mineral desde 2019, especialmente al mercado chino, atenta contra el futuro ecológico del país, afirman los líderes docentes, algo que niega la minera.
Si bien hay una “nacionalismo fundamentado en nuestros recursos naturales, en paralelo hay un nacionalismo fundamentado en la educación de nuestros muchachos” quienes también son el futuro, afirmó Bazán.
Miles pueden perder el año
Alrededor de 35.000 padres de familia participaron el fin de semana en una reunión virtual en la que expresaron su “preocupación sobre cómo finalizará el año escolar”, cuyo calendario va de marzo a diciembre y está siendo impactado por una huelga que comenzó a poco más de un mes de su culminación.
“El Ministerio de Educación, que es el regente, no pone en perspectiva” la situación, se quejó Bazán.
Al mismo tiempo, los sindicatos señalan que la ley prevé el cierre del año escolar con dos trimestres, pero eso significaría que unos 38.000 estudiantes reprueben el año y que unos 85.000 vayan a una reválida en enero, dijo el representante citando cifras del Ministerio de Educación.
Los padres de familia dan por hecho que sus hijos no volverán a las aulas de clases este año en el sector público, por lo que piden al Ministerio de Educación que defina mecanismos para que reciban tutoriales que les saquen del ocio en el que están y puedan pasar el año con la mínima calificación requerida, de manera que finalicen el curso de forma “decorosa”, afirmó Bazán.
La Defensoría del Pueblo recordó en un comunicado que durante la pandemia Panamá sufrió uno de los cierres educativos más extensos del mundo, con 211 días, por lo que urgió al Ministerio de Educación a “que haga los acercamientos necesarios con los dirigentes magisteriales para programar lo más pronto el regreso a clases”.
Los gremios docentes han dicho que se mantendrán en las calles, donde junto al sindicato de la construcción e indígenas han liderado bloqueos en las vías, en el marco de las mayores protestas en décadas, hasta que el contrato minero sea derogado por el Parlamento, algo que no está previsto.
El Parlamento descartó la derogatoria para esperar el dictamen del Supremo, que dio vía a recursos de inconstitucionalidad contra la mina.
La educación sigue en el sector privado
En el sector privado, el 90 % de las cerca de 800 escuelas que atienden a unos 124.000 estudiantes han seguido dando clases bien sea de forma virtual o presencial, dijo a EFE el coordinador nacional de la Unión de Padres y Asociaciones de Padres de Familias de los Centros Particulares de Panamá (Unadepa), Javier Lombardo.
La gran diferencia con el sector público es que el profesor que no acude a trabajar no cobra. Aunque algunas escuelas privadas han reanudado las clases presenciales, muchos padres no están enviando a sus hijos por temor a los desórdenes y actos vandálicos que se están registrando en el marco de esta crisis, explicó.
La educación en Panamá, valorada como una de las más deficientes del continente, de acuerdo con los resultados de pruebas internacionales, “es un asunto complejo”, añadió Lombardo.