La Fiscalía de Panamá dijo este miércoles que actúa con firmeza ante los actos delictivos que se registran en medio de la crisis que vive el país por el rechazo popular a un contrato minero, un día después de que un hombre mató a tiros a dos manifestantes que bloqueaban una vía en el marco de las protestas iniciadas hace más de dos semanas.
En un “comunicado al país”, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) también destacó “la importancia de potenciar en el sistema democrático los valores del respeto y la tolerancia como fundamentos de la pacífica convivencia social, tanto de quienes ejercen el legítimo derecho a protestar, como de aquellos que se ven afectados por ellas”.
El ente judicial aseguró que “continúa investigando todas las conductas delictivas cometidas por aquellos que, aprovechándose de las protestas o afectados por éstas, efectúen actos al margen de la Ley penal”, lo que ha dado como resultado la apertura de 175 investigaciones, la detención de 60 personas y la condena de 13 de ellas a penas de entre 40 y 60 meses de prisión.”
Seguiremos firmes en cada uno de estos casos”, que involucran delitos como homicidio doloso y culposo, lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, extorsión, extralimitación de funciones, abuso de autoridad y apología del delito, entre otros, “para exigir la responsabilidad penal”, dijo la Fiscalía.
Los bloqueos de vías desde hace más de dos semanas en Panamá han provocado escasez de alimentos, combustible y una grave afectación económica, además de cuatro muertos, dos de ellos por atropello según datos oficiales y de medios.
Se realizan en rechazo a la renovación de la concesión a 20 años prorrogables a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota la mina a cielo abierto Cobre Panamá, una inversión de 10.000 millones de dólares que representa el 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, según la empresa.
El contrato que renovó la concesión es lesivo al Estado tanto económica como ecológicamente, dicen los ambientalistas y sindicatos, pero el Gobierno de Laurtentino Cortizo afirma que multiplica por 10 las ganancias así como el cuidado ambiental respecto al anterior, declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017.
La semana pasada se registraron las manifestaciones pacíficas más grandes en décadas para exigir el cese de la mina, que exporta el mineral desde 2019, contexto en el cual el Ejecutivo y el Parlamento aprobaron una moratoria para la minería metálica y dejaron el futuro del nuevo contrato ley minero en manos del Supremo, que ha admitido varios recursos de inconstitucionalidad contra el mismo.
Sin embargo, los sindicatos docentes y de la construcción insisten en una ya descartada derogatoria inmediata del contrato ley por la vía legislativa, y han dicho que mientras eso no ocurra mantendrán los cierres de calles y una huelga que afecta a más de 800.000 alumnos en el país.Los empresarios, que rechazan los bloqueos por considerarlos un “secuestro de la población”, calculan que las pérdidas diarias a la economía por esta crisis están entre 70 y 90 millones de dólares, en un país donde cerca del 50 % trabaja en la economía informal y depende de lo que produce cada día.
