La Juez Lina Castro, décimo quinto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, resolvió negar la solicitud de levantamiento de secuestro promovida por el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa.
La empresa editorial que edita Mi Diario y La Prensa, había consignado la fianza de un millón 130 mil dólares en el Juzgado Décimoquinto y realizó la petición del levantamiento del secuestro realizado a sus acciones y cuentas bancarias por el expresidente, relacionado a una demanda civil de hace ocho años.
A través del Auto No.1025 de 8 de julio de 2020, el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Civil, el Tribunal negó el levantamiento del secuestro y ordenó la cancelación de la fianza solicitada por la Corporación La Prensa e informó que basó su decisión en el artículo 546 del Código Judicial.
De acuerdo al Tribunal, la fianza fue presentada, cuando ya habían bienes cautelados, por lo que no procede el levantamiento.
Por otra parte, este miércoles, 8 de julio, la contraparte había presentado un memorial de oposición.
Abogados de la corporación estarán recurriendo la decisión de la juez, porque no comparten su decisión ya que consideran que presentaron la fianza en el momento oportuno por lo que se debió reconocer en ese momento el levantamiento de la medida.
Para los directivos de Corprensa, “es un golpe fortísimo contra el periodismo investigativo, ya que con esta acción se pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión, la operatividad del medio y el pago de los honorarios de más de 240 colaboradores de los medios La Prensa y Mi Diario”.
Ante esto buscarán mecanismos alternos para tratar de sustentar su operatividad.
“Consideramos la acción de secuestro desproporcionada y un cepo al ejercicio del periodismo”, dijo en su momento el presidente de Corprensa, Diego Quijano.
Previamente, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que la justicia panameña ponga en peligro la operatividad de Corporación La Prensa de Panamá, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario, al permitir la apropiación de sus bienes a causa de una demanda civil presentada por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, que reclama 5,5 millones de dólares en indemnización.
La SIP señala en un comunicado que ya había advertido sobre la laxitud de la justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aún sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas. Esta medida incluye a medios impresos, digitales y periodistas, no así a radios y televisoras. Corporación La Prensa ha apelado la medida.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que el embargo de activos y las cuentas de diarios “representan un duro golpe a la libertad de prensa”, calificando la medida judicial de “herramienta de censura directa”, e hizo votos para que los legisladores panameños puedan neutralizarla.
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Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, añadió que “no es posible que una empresa que haya investigado y publicado información de relevancia para los panameños tenga que afrontar gastos millonarios que harían inviable su existencia”.
En total, Corporación La Prensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales por un total de $84 millones de dólares. La mayoría de estas demandas provienen de expresidentes, exfuncionarios, ex contratistas del Estado y otras figuras públicas.
“Esto es el doble de lo que el expresidente Rafael Correa de Ecuador demandó al diario El Universo, lo que en su momento generó un debate en todo el continente sobre agresiones judiciales contra los medios y la libertad de prensa”, dijo Rock, director del portal de noticias La Silla Rota de Ciudad de México, México.
