Las jubilaciones tempranas de los agentes de la fuerza pública continúan generando debate en Panamá. Este beneficio, contemplado en la Ley 18 de 1997, permite que oficiales de la Policía Nacional, Senafront y Senan se retiren tras 30 años de servicio, sin importar la edad. Para el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), esta prerrogativa representa un desafío financiero, ya que en 2025 las subvenciones costarán $103.6 millones, una cifra similar a la de este año, que alcanzó los $104.7 millones.
El Minseg aspiraba a un presupuesto de $153.7 millones para cubrir estas jubilaciones, pero solo recibió una asignación de $103.6 millones, dejando un margen limitado para maniobrar. Según la Policía Nacional, en 2024 se tramitarán las jubilaciones de 3,300 funcionarios, mientras que este año ya se han jubilado 346 agentes, con un desembolso de $5.8 millones.
Una ley bajo la lupa
La polémica radica en que estos oficiales pueden retirarse antes de la edad mínima establecida por la Caja de Seguro Social (62 años para hombres y 57 para mujeres), lo que genera una presión adicional en el sistema de seguridad social y en las finanzas del Estado.
La jerarquía en la fuerza pública, que abarca desde agentes hasta comisionados, implica una abultada planilla. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha implementado rotaciones estratégicas para optimizar recursos y fortalecer la presencia en las calles, con 3,000 agentes adicionales desplegados en septiembre.
Presupuesto 2025: seguridad en foco
Para 2025, el presupuesto general del Estado destina $820.8 millones a la seguridad pública, de un total de $971.5 millones asignados al Minseg. A pesar del incremento, el panorama financiero sigue siendo ajustado para cumplir con las obligaciones de jubilación y mantener operativa la fuerza pública.
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