Las siete poblaciones indígenas de Panamá se encuentran en estado de alerta ante el proceso legal en que están inmersos al menos siete personas de la etnia guna, luego de un incidente con los miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la frontera con Colombia.
En un comunicado emitido el pasado miércoles en Santiago de Veraguas, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) indicó que fueron violentados los derechos humanos de uno de ellos, ya que fue herido con arma de guerra, cuando ellos solo tenían machetes para reconstruir la casa cultural que en días anteriores había sido destruido por Senafront.
Luciano Díaz, cacique de Dagargunyala, territorio ancestral guna ubicado en Darién, en la frontera con Colombia, dijo que el 27 de noviembre los miembros del Senafront destruyeron la casa de paso en el sitio conocido como Payita. El rancho era utilizado por los originarios para hacer reuniones de culto, repartir medicinas y promocionar la cultura.
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En tanto, el 1 de diciembre, los gunas decidieron reconstruir la casa, pero se encontraron con los miembros del Senafront, en que hubo discusiones y fue allí que un policía le disparó a uno de los nativos, aduciendo que lo quería machetear. Esa aseveración fue desmentida por los gunas, quienes indicaron que el herido estaba a solo seis metros.
Las personas detenidas son gunas de Colombia, específicamente del resguardo de Arquía, pero con familias en la parte panameña. Actualmente se encuentran en La Joya y otros en La Mega Joya y este jueves fueron llevados a audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Zapallal, en Darién.
Aulina Ismare Opúa, cacique nacional del pueblo Wounaan, dijo que los pueblos indígenas exigen la urgente liberación de los hermanos de Arquía detenidos de forma arbitraria e ilegal y que se les reconozcan todas las garantías de los derechos humanos que les asisten por los convenios internacionales.
Los líderes de los pueblos indígenas de Panamá, se encuentran en alerta máxima y tomarán todas las previsiones necesarias para que el atropello y las acciones que consideran discriminatorias no queden impunes.
“Se incluyen medidas de presión en conjunto con los otros grupos originarios para hacer valer sus derechos”, advirtió la cacique.
Con información de Ismel Hernández