Los gremios de periodistas en Panamá manifestaron este miércoles 26 de abril, en conferencia de prensa, su rechazo a la multa impuesta a La Prensa por la Dirección de Protección de Datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), por publicar una foto del diputado y presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson.
“Es la segunda sanción que recibe un medio de comunicación por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. A todos nos ha llenado de suma preocupación, sobre todo en el momento en que se avoca el país: unas elecciones”, dijo Gricelda Melo, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (Conape).
“La prensa panameña no puede estar secuestrada”, agregó Melo en una conferencia de prensa, en la que también participaron la presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, Alejandra Araúz, y el presidente Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), Diego Quijano.
Araúz dijo que esta posición es respaldada por el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Los tres, junto con el Fórum, suscribieron el día antes un comunicado en el que expresaron su rechazo a la actuación de Antai.
La Antai impuso una multa de $5,000 a La Prensa por publicar una fotografía del diputado Benicio Robinson en una nota periodística sobre sus negocios con el transporte y los cupos que otorga en concesión la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Toda la información utilizada en el reportaje fue suministrada por las entidades del Estado a la periodista Mary Triny Zea, invocando la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública.
Quijano, por su parte, recordó que ya son dos las multas que impone la Antai, alegando violaciones a la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales. La anterior multa fue al sitio digital La Verdad Panamá, que publicó un certificado de matrimonio que había sido facilitado al medio por uno de los cónyuges. “Por lo tanto, es casi que una jurisprudencia de parte de la Antai de cómo va a dar interpretaciones a futuro”, agregó.
Quijano hizo un llamado a los precandidatos presidenciales y aspirantes a diputado que hagan un pronunciamiento “si están de lado de la democracia y libertad de prensa”. Algunos ya se han manifestado, como el expresidente Martín Torrijos, José Blandón, Rómulo Roux y Eduardo Quirós, entre otros. Todos han expresado su rechazo a la decisión de Antai.
Corprensa ya presentó un recurso de reconsideración ante la Antai. La Presidencia de la República dijo la noche del martes, a través de un comunicado, que espera que la “apelación” (un error, dado que lo presentado por Corprensa es una solicitud de reconsideración) pueda ser dirimida, al margen de “presiones innecesarias”.
La Presidencia también defendió la “autonomía” de la Antai (una entidad del Ejecutivo) para manejar estos asuntos.
Coalición
A través de un comunicado, varias organizaciones protransparencia y anticorrupción se pronunciaron contra la medida adoptada por la Antai.
“Esta acción constituye una violación a la transparencia, a la libertad de expresión y una evidente complicidad por parte de una institución que está llamada a velar por los panameños y que ha demostrado estar enfocada en proteger la imagen de un hombre público y político que, por esa misma razón, carece de protección especial a su imagen”, señala la coalición.
En su pronunciamiento, esta coalición recuerda que la Antai fue creada para velar por la transparencia y acceso a la información, una “tarea en la que ha fracasado”.
GRAN ALIANZA
De igual forma, la organización Gran Alianza Nacional por Panamá (GANA Panamá) expresó su rechazo a la sanción emitida por la Antai a La Prensa, calificándola como una violación a la libertad de Expresión e información y que podría interpretarse como una complicidad ante posibles actos que van en contra de la ética y la transparencia.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que reconsideren esta acción que va en contra de los derechos fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que son ampliamente reconocidos en nuestra Constitución.