Ya el presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente, Gabriel Carrizo expresaron su preocupación sobre los cambios que viene sufriendo el proyecto de las Asociación Público-Privadas (APP) que está pendiente del tercer debate en la Asamblea Nacional.
El vice “Gaby” Carrizo adelantó que el proyecto podría ser bajado a segundo debate y ayer el presidente Laurentino Cortizo, dijo que buscan que se retire un artículo que fue incorporado a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Los diputados buscan que uno de sus miembros forme parte del ente rector de las APP, en la que también estarían incorporados cinco ministro del Gabinete de Cortizo.
Esta idea fue propuesta, precisamente por diputados del PRD, lo que desató la alarma del MEF y de otros entres como el MOP que ha participado en el debate del proyecto de las APP.
A juicio de especialistas, la incorporación de un diputado a esto es grave, peligroso y hasta inconstitucional porque las funciones de la Asamblea son claras y ninguno de sus miembros podría estar inmiscuido en decisiones que son propias del Ejecutivo.
Se conoció que los representantes del “Buen Gobierno” buscan que ese artículo sea retirado.
El artículo 2 de la Constitución señala que los Órganos del Estado deben actuar limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
La Comisión de Economía que analizó y debatió el proyecto la presidente la diputada del PRD, Cenobia Vargas, quien es educadora de profesión.
Otra de las polémicas del proyecto sería el tema de las empresas que puedan hacer proyectos de APP con el Estado.
En este punto se aclaró que la norma no permite que empresas condenadas por corrupción hagan proyectos con el Estado, muy por el contrario, la Ley 22 de Contrataciones Públicas será supletoria para las APP y las que estén incapacitadas e inhabilitadas con el Estado no podrán hacer este tipo de proyectos.
El Gobierno adelanta una nueva reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y allí se aspira que se contemplen disposiciones rígidas y fuertes sobre las empresas condenadas por delitos de corrupción, terrorismo o blanqueo de capitales.
Se señala claramente que para las APP regirá la ley de contrataciones públicas y además “cinco ministros” meterán su cuchara cada vez que haya que evaluar un proyecto.
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Sobre el plazo de 20 o 30 años para las APP, se explicó que en la mayoría de otros países estos son a largo plazo y además en Panamá las normas permiten extensiones hasta de 40 años, si que el tiempo de 30 años que se solicita no está fuera de los estándares para este tipo de proyectos.
Se añade además que la ley de concesiones de 1988 tampoco fija un período o plazo máximo para cuando se tenga que realizar un proyecto.
Es decir, proyectos como el Metro de Panamá pudieron hacerse bajo el modelo de las APP y el gobierno no se hubiera tenido que desembolsar de una vez el monto de la obra, sino que a largo plazo se hubiera negociado el contrato y recuperado el dinero con el peaje que pagan los usuarios.
El tema es polémico porque algunos diputados también se oponen a que la banca estatal otorgue financiamiento a las APP para hacer proyectos. Los especialistas comprenden la preocupación de los diputados, pero explican que les compete al banco y a sus junta directivas de acuerdo con las legislaciones vigentes decidir si pueden poner sus recursos en proyectos como estos.
Eso debe estar a disposición de la banca estatal, pero los diputados insisten en fijar un límite de 25% para el Banco Nacional y la Caja de Ahorro en proyectos tipos APP.
Los defensores de la APP insisten en que este modelo ayudará a que el gobierno con el apoyo de la inversión privada pueda hacer proyectos de impacto que requieren algunos sectores sociales del país cuando las finanzas no son tan robustas como ahora y se tienen que cumplir con límites fiscales.
Lo cierto es que el debate esta semana en la Asamblea será decisivo para el futuro de las APP y se verá quién tiene más músculo político si el Ejecutivo o los diputados de su propio partido el PRD.
