El Estado de Panamá afirmó este jueves, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que no implementa una política de detención de migrantes y que ha mejorado las condiciones en los centros de atención para esas personas, mientras que organizaciones no gubernamentales se quejaron de falta de información oportuna.
“Panamá reconoce que hay un flujo migratorio importante, pero es de tránsito. Panamá recibe a los migrantes luego de un trecho muy peligroso que es la selva del Darién. Cuando Panamá los recibe, son personas necesitadas de todo tipo de atención. No es una política de detención sino que intenta brindar esa primera asistencia”, declaró en la audiencia la representante estatal, Farah Urrutia.
La audiencia tuvo como motivo evaluar la respuesta del Estado a las medidas provisionales ordenadas por la CorteIDH en julio de 2020 para la protección de cientos de migrantes que estaban varados en Panamá ante el cierre de las fronteras provocado por la pandemia de la covid-19.
“(Panamá) ha demostrado que ha desplegado acciones, con ayuda de organizaciones internacionales, que denotan que hemos hecho todos los esfuerzos para el cumplimiento de las medidas”, dijo la representante.
Urrutia detalló que en enero pasado fue cerrada la Estación de Recepción de Migrantes La Peñita y que con la apertura de la frontera con Costa Rica, a partir del pasado 5 de abril, se reanudó un programa de tránsito ordenado y controlado para que los migrantes continúen su camino a través de la región.
La agente estatal aseguró que el hacinamiento en las Estaciones de Recepción de Migrantes de Panamá fue resuelto y que a las personas que allí se ubican se les brinda atención médica, incluidas las acciones para prevenir y atender casos de covid-19.
La funcionaria dijo que se mantienen abiertas las estaciones de Lajas Blancas, San Vicente y Bajo Chiquito, con “rangos óptimos de ocupación”, y que los flujos varían cada 10 días con la operación de tránsito controlado por la región.
Sin embargo, los representantes de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se quejaron de que en los últimos meses el Estado no brindó informes de la situación y que mucha de la información revelada en la audiencia de hoy no fue puesta en conocimiento de las partes previamente.
Algo similar expresó el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, quien señaló que “uno de los principales obstáculos es la presentación de información clara y suficiente para determinar la implementación de las medidas”.
La representante del Cejil, Gabriela Oviedo, declaró que “el cierre de La Peñita es un importante avance para el cumplimiento de las medidas debido a sus inadecuadas condiciones y altos niveles de hacinamiento”, pero enfatizó en que en el resto de lugares de atención de migrantes persisten problemas de acceso a servicios de salud y agua potable, e incluso de hacinamiento en Lajas Blancas.
“Si bien reconocemos que ha habido avances, el Estado sigue sin cumplir la mayor parte de las medidas. La situación de extrema gravedad y urgencia continúa. Hay una continuidad de una política estatal de detención automática de los migrantes”, apuntó.
La presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio, solicitó al Estado un informe detallado de las acciones que ha llevado a cabo, tomando en cuenta la información nueva que presentó en la audiencia.
